ECONOMICAS, JUSTICIA

Valledupar, 3 de junio de 2026.- El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional del decreto 572 de 2025, que modificó las tarifas de autorretención y bases mínimas para practicar retención en la fuente.

En la providencia en la que se resolvió esa solicitud de suspen sión se estableció que la decisión del Gobierno sobre el cálculo de la obligación no se sustentó en estudios técnicos suficientes sobre la realidad económica de los contribuyentes del impuesto.

Sin embargo, al resolver un recurso de súplica que interpuso el Ministerio de Hacienda contra esa determinación, el Consejo de Estado aclaró que en esta etapa no correspondía adelantar esta valoración. A su juicio, sólo procedía determinar si el decreto se emitió con base en la aplicación del artículo 365 del Estatuto Tributario.

Como esa norma habilitaba al Gobierno para establecer el monto de la obligación, para la sala, significa que, a este punto, no se prueba una evidente contradicción entre el acto demandado y la norma superior aplicable.