NACIONALES, ORDEN PÚBLICO

El Gobierno Nacional y los cuerpos de seguridad del Estado deben darles seguridad a la comunidad y el comercio del municipio llanero, pues no aguantan más las presiones a las que están siendo sometidos por la organización armada al margen de la ley.

La Defensoría advirtió una serie de conductas delictivas, con la emisión de la Alerta Temprana 026 del 2020, relacionadas no solamente con el delito en mención, sino con desapariciones forzadas, masacres, reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, contaminación por minas antipersonales, homicidios de líderes sociales, entre otras.

Barranquilla, 13 de junio de 2024.- Luego de hacer un trabajo en territorio, con la participación de funcionarios de su Regional Meta, la Defensoría del Pueblo les hace un llamado al Gobierno Nacional y a sus Fuerzas Militares y de Policía, pues la comunidad y el comercio del municipio de Mesetas no aguantan más las extorsiones a las que están siendo sometidos por el frente Éver Castro, del Estado Mayor Central EMC de las disidencias de las Farc, según información entregada por el Defensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina.

“Es preciso que tanto la Policía como el Ejército brinden garantías de seguridad”, solicitó el Defensor, Balanta Mina, quien alegó que “quienes viven del comercio, al recibir un panfleto intimidatorio cuya autoría sería de esas disidencias, se vieron obligados a cerrar sus negocios, y alrededor de 3200 personas del pueblo fueron obligadas a asistir a reuniones al sitio conocido como Guayabero o Planchón del Guayabero, donde los esperaban cabecillas de esa estructura criminal, al mando de ‘Iván Mordisco’, situación que ha sembrado aún más la zozobra y el terror en la zona”.

Es así com0 a través de la emisión de la Alerta Temprana 026 del 2020, la Defensoría advirtió las conductas delictivas mencionadas, además de situaciones que habrían estado relacionadas con desapariciones forzadas, masacres, enfrentamientos con interposición de la población civil, reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, contaminación por minas antipersonales, entre otras, en Mesetas y áreas circundantes.

Los afectados, señaló en su momento el documento de advertencia y prevención, habrían sido personas defensoras de derechos humanos, campesinos, mujeres, indígenas, menores de edad, integrantes de juntas de acción comunal, personas en procesos de reincorporación, servidores públicos, población migrante e integrantes de organismos comunitarios.

El EMC, que ha afirmado estar dispuesto a construir la paz, con la práctica de delitos como la extorsión y el homicidio de líderes sociales está dejando claro que no le interesa, motivo por el que la institución garante de los derechos de los colombianos y de quienes habitan en el territorio nacional lo conmina, como también a las demás estructuras al margen de la ley que delinquen no solo en el oriente, sino en los demás lugares del país, a mostrar gestos reales y efectivos.

Renunciar a todas las formas de violencia, cuyas víctimas siempre son las comunidades, especialmente aquellas que viven en zonas de difícil acceso para la institucionalidad gubernamental, son muestras verdaderas que permitirán conducir a buscar la paz que tanto anhelan los colombianos.