JUDICIALES

La decisión judicial fue revocada tres días después de hacerse efectiva la libertad

Los investigados se habrían repartido 1.200 millones de pesos, para que el requerido se volara

Valledupar, 28 de octubre de 2026.- La Fiscalía General de la Nación investiga un posible acuerdo de 1.200 millones de pesos para favorecer con una decisión judicial a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido con fines de extradición por narcotráfico. En los hechos estarían involucrados la juez de control de garantías de Bogotá, Miryan Alcira Martínez López; el funcionario del Centro de Servicios Judiciales, Waldo Garavito Mejía; y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca.

Estas personas, señaladas de articular sus actuaciones para que el extranjero quedara en libertad mediante un habeas corpus, fueron capturadas por servidores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá y Cota (Cundinamarca).

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción las presentó ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. Adicionalmente, a Martínez López se le vinculará también por prevaricato por acción.

Las evidencias dan cuenta de que, el 4 de junio de 2026, Herrera Cuenca acudió al despacho de la juez Martínez López para presuntamente concertar la concesión de un habeas corpus a favor de Van der Voort, a cambio le habría entregado 600 millones de pesos que corresponderían a un primer pago. Al día siguiente, la funcionaria envió a la abogada una fotografía de un formato de libertad con los datos del ciudadano neerlandés, elemento que sería una evidencia del posible acuerdo ilícito.

Por su parte, Garavito Mejía habría coordinado con la abogada la radicación de la solicitud durante un fin de semana en el que él y la juez estuvieran de turno, con el propósito de que la petición llegara al despacho de Martínez López. El 13 de junio, la juez concedió el habeas corpus y ordenó la libertad inmediata del requerido. Argumentó que transcurrieron 109 días desde su captura sin que se resolviera el trámite de extradición, cuyo plazo límite estimó en 60 días, y cuestionó las condiciones del expediente remitido a la Corte Suprema de Justicia.

Para la Fiscalía, Martínez López carecía de competencia para resolver la solicitud y no podía asumir el conocimiento de la acción. Finalmente, el 18 de junio, otro funcionario judicial revocó la decisión, por lo que Van der Voort continuó privado de la libertad mientras avanzaban los trámites de extradición.

Esta investigación surge de informes obtenidos preliminarmente por fiscales de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y se enmarca en la priorización de casos de posible corrupción judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación para garantizar la transparencia y la legalidad en la administración de justicia.

NOTA: Publicación con información de apoyo de la Oficina de Prensa de la Fiscalía General de la Nación