JUSTICIA

Barranquilla, 9 de marzo de 2021.- La Fiscalía General de la Nación dio a conocer los resultados finales del juicio contra el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, en los que demostró que Ricaurte junto a algunos funcionarios judiciales y un grupo de abogados, promovió y dirigió una organización criminal que, en al menos tres oportunidades, recibió dádivas para interceder en el curso de procesos penales contra aforados constitucionales, caso conocido como el Cartel de la Toga en el que el llamado cabecilla José Leonidas Bustos se encuentra huyendo en Canadá.

El caso a cargo del juez 10° Penal de Circuito de Bogotá avaló los elementos probatorios y testimonios obtenidos, y emitió sentido de fallo condenatorio contra Ricaurte Gómez por los delitos de: concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo; utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias, señaló la Fiscalía textualmente en un boletín de prensa de la entidad respecto dle caso.

Señala el ente acusador que pudo establecer que, en la red de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno era el encargado de recibir los dineros de los procesados que él contactaba. En cada caso, la suma era distribuida entre el exmagistrado Ricaurte Gómez y otras personas, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones e intentar favorecer a los aforados que pagaron.

Dos de los eventos acreditados están relacionados con procesos que se seguían en el despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández.

En uno, el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo habría entregado 1.200 millones para dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares. Aquí Ricaurte Gómez recibió 400 millones de pesos. En el otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le correspondieron 250 y 290 millones de pesos.

Un tercer caso está relacionado con 30 millones de pesos que, al parecer, dio el exgobernador de Valle de Cauca, Juan Carlos Abadía, para presuntamente dilatar un proceso por corrupción.