Es importante destacar que durante un Comité la Fiscalía había determinado de manera Institucional que se le debía asegurar. La fiscal 121 quien tenía el caso se había interpuesto por lo que fue apartada del caso, pero este martes la Fiscalía determinó “que todo aquel que tenga conocimiento de la comisión de una conducta delictiva y ayude a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación de estos hechos está incurso en este delito, que implica una pena de prisión mínima de 16 a 72 meses de prisión”.
De acuerdo con la fiscal del caso, la medida restrictiva se hace necesaria por el riesgo de obstrucción a la justicia y la capacidad que tienen los procesados de evadir la acción de las autoridades. “No avisaron, eludieron la acción de las autoridades, ayudaron a su hermano con la omisión de llamar al Gaula cuando lo encontraron”, agregó la delegada de la Fiscalía en el proceso.
Advirtió que Uribe Noguera bajó al sótano del edificio y en el parqueadero se percató que el vehículo tenía el zapato blanco de la niña de los cual tenía conocimiento que era buscada por un grupo de Policías; pero que aun así no informó de lo que estaba sucediendo.
La medida de aseguramiento radica en el riesgo evidente de la no comparecencia al proceso debido a que hace pocos días planeaban salir del país desde el 25 de diciembre, fecha en la que la Embajada de Estados Unidos en Colombia determinó cancelarles la visa.
La Fiscalía describió los apartes de las conversaciones sostenidas por Francisco Uribe Noguera, en los que al parecer se evidencia el conocimiento que se tenía de la gravedad de los hechos relacionados con la pequeña Yuliana Samboní. Según la investigación del ente acusador, estas dos personas sabían de la ubicación de la camioneta y de lo que estaba pasando en el apartamento. Llevaron hasta un taxi al presunto autor de la violación y homicidio de la pequeña a la Clínica Monserrat y pasaron horas eludieron en todo momento la labor de las autoridades, explico la delegada fiscal.
“Ellos decidieron por sus propios medios ir al apartamento, al lugar donde ocurría el ilícito y a pesar de que sabían que había ocurrido un secuestro, nunca buscaron a las autoridades, entorpecieron la actividad investigativa”, sostuvo la funcionaria judicial.
Aseguró que las garantías de las menores víctimas y la de sus familias prevalecen en el ordenamiento jurídico colombiano lo cual permite una correcta impartición y efectiva impartición de justicia. “La presencia de los hermanos es vital en las audiencias, es primordial para garantizar el éxito en esta investigación”, concluyó la fiscal del caso al sustentar la petición de la medida de aseguramiento.
