COLUMNISTAS

El extraño mundo de Subuso sigue haciendo de las suyas en Colombia. ¿Qué competencia puede tener un juez de familia para oponerse y frenar la política del gobierno nacional? Ninguna. ¿Qué significa para él que la ciudadanía haya decidido con su voto una nueva era para Colombia? Nada.

Un juez de Bogotá ordenó muy orondo que las supuestas “obras” retiradas del Museo Nacional recientemente, dentro de una campaña del gobierno, saludada por millones de colombianos, contra la gangrena de la apología del terrorismo, deben seguir en el Museo haciendo su trabajo de romantización de los peores criminales que ha tenido Colombia.

Creyendo que la acción de tutela le permite a un actor judicial obstruir la política del gobierno, el juez 24 de familia de Bogotá ordenó “custodiar las piezas” desmontadas y abstenerse de “retirar otras por su contenido” hasta que se resuelva “el fondo del caso”.

La acción de tutela sirve para pedir la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de una persona. Esa acción “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, dice el artículo 86 de la Constitución Nacional.

¿Qué derecho constitucional fundamental viola el retiro de unos afiches que elogian a las FARC y al M-19? ¿Y que le hacen propaganda a la destrucción de la familia y a la mutilación de niños? El punto no es si la decisión del juez de familia es provisional o no. El punto es la pertinencia de esa acción.

La prensa dice que los demandantes –Gabriel Becerra Yáñez, Jorge Virviescas y Kevyn Muñoz Torres–, son miembros del grupo comunista Unión Patriótica.

Si la tutela –recurso que es utilizado sin discernimiento en algunos casos–, valida el punto de vista de esos señores ello agravaría la confusión sobre los límites de esa acción y le abriría avenidas a quienes, como Iván Cepeda, jefe de la Unión Patriótica, buscan paralizar al gobierno, congelar sus actos mediante leguleyadas.

Lo que está en juego es enorme. Ellos podrían abusar de la acción de tutela contra cada decisión del gobierno. Podrían exigir no tocar los intereses del narcotráfico y del terrorismo con la excusa de que sus heraldos muertos hacen parte del “patrimonio nacional”. Ese insulto a la nación no escandaliza a aquellos que en 2020 disculparon y ayudaron a salir de la cárcel y del país a dos jefes de Narcotalia, Jesús Santrich e Iván Márquez.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, está en lo justo cuando declara que el papel institucional del Museo Nacional “no es servir como instrumento de adoctrinamiento político ni como plataforma para difundir versiones sesgadas de nuestra historia”. Ella estima que el Museo Nacional “no puede convertirse en un espacio para la glorificación del delito” y en instrumento de revictimización.

El juez de familia le exige al ministerio de Cultura indicar cuál fue el “fundamento jurídico” del retiro de los elementos de la apología del terrorismo. Es el mundo al revés. El debería, más bien, sancionar a los petristas que profanaron el Museo Nacional cuando lo obligaron a utilizar sus muros para intoxicar las mentes de los más jóvenes que ignoran todo sobre el origen y las acciones criminales que cometió el M-19 y las FARC.

Es posible que los recurrentes no busquen la reinstalación de unos objetos que exaltan y deforman la historia nacional. Su objetivo podría ser la recaptura de unos espacios que la soberanía nacional, mediante una elección presidencial, le quitó a un gobierno destructor de la nación colombiana.

Esa demanda, quiéranlo o no los demandantes, niega un derecho fundamental de los colombianos: el de liberarse de la abominable herencia de Petro. ¿Por qué el juez 24 de familia acepta embarcarse personalmente en ese turbio esfuerzo reaccionario?