JUSTICIA

Documento radicado ante Comisión de Acusaciones de la Cámara – Les atribuyen “dolo” y daño patrimonial1

Barranquilla, 23 de octubre de 2026 – En manos de CostaNoticias está la denuncia que sacude a la Justicia Especial para la Paz. Fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia penal, fiscal y disciplinaria contra toda la cúpula de la Sección de Apelación de la JEP por presuntamente haberse cruzado de brazos durante 7 años, cobrando sueldos millonarios y con una planta de 11 personas por despacho, sabiendo que no tenían casos para fallar.

Los denunciados:
Los magistrados Rodolfo Arango Rivadeneira, Eduardo Cifuentes Muñoz, Sandra Rocío Gamboa Rubiano, Mirtha Patricia Linares Prieto y Danilo Alfonso Rojas Betancourth, actuales integrantes de la Sección de Apelación de la JEP.

El corazón de la denuncia, en 7 hechos:

La denuncia, que ya reposa en Comision Acusaciones de la Camara es demoledora:

Hecho 3: El dolo

Según la denuncia desde el inicio que el primer caso para fallo apelado les llegaría dentro de varios años. Y así fue: *no les llegó sino hasta finales de 2025, o sea 7 años y 9 meses después de que la JEP abriera el 15 de marzo de 2018.*

¿Y qué hicieron en esos 7 años? Dice el denunciante textual:

“Nada les impidió a esos cinco magistrados cruzarse de brazos mientras tanto, viajar por el país y el exterior y dotarse desde el principio de una costosísima planta de cargos de 11 personas adicionales, como consta en el Acuerdo AOG 020 de 2024 de la JEP, a saber: 3 magistrados auxiliares, 5 profesionales grado 33, 1 sustanciador nominado, 1 auxiliar judicial y 1 conductor. Y ahí aparece el dolo: a sabiendas de que no tendrían trabajo por muchos años, los magistrados se abstuvieron de apoyar otras Secciones o Salas y además los dotaron (y no rechazaron) de una planta de cargos de 11 personas. Los cinco magistrados se cruzaron de brazos años enteros sin trabajar, muy orondos, cobrando el sueldo sin pudor alguno, sin pena, sin vergüenza”.

Hecho 4: Tenían poder para cambiarlo 
Dos de ellos, Linares y Cifuentes, fueron presidentes de toda la JEP y tuvieron el poder para cambiar la planta de cargos y activar la figura de la “movilidad” para ayudar a otras dependencias congestionadas. No lo hicieron para ellos mismos.

Hecho 5: Los que sí trabajaron fueron los subalternos

Mientras los magistrados no tenían nada que hacer, a algunos de sus 11 subalternos sí los “rotaron” a otros despachos en la política de “movilidad“. “Esos pocos que rotaron sí trabajaron algo”, dice la denuncia.

Hecho 6: Recien empezaron a trabajar a finales de 2025

El 16 de septiembre de 2025 salió la primera sentencia de primera instancia del Macrocaso 01 (Farc) y el 18 de septiembre de 2025 la del Macrocaso 03 (falsos positivos del Batallón La Popa). Solo tras notificaciones y recursos, a finales de 2025 esas dos sentencias llegaron a Apelación, que en ese momento empezó a trabajar.

Hecho 7: “Para matar el tiempo”

Para justificar el tiempo, según la denuncia, integraron comisiones internas administrativas y expidieron las llamadas “Sentencias Interpretativas” o “Senit“, que – aclara el documento – “técnicamente no son sentencias, pues no resuelven apelaciones de fallos de primera instancia, sino que son simples documentos de doctrina probable”.

Lo que pide la denuncia:
Que se investigue si cumplieron sus funciones constitucionales y legales, cuál fue su carga real, qué producción tuvieron, por qué tenían 11 cargos y cuánto costó al erario, para establecer si hubo incumplimiento de deberes, daño patrimonial al Estado y falta a la ética profesional.

Cierre CostaNoticias:
Si esto se comprueba, estaríamos ante uno de los escándalos de ineficiencia más costosos de la justicia transicional. Cada magistrado de la JEP gana más de $40 millones mensuales, multiplíquelo por 5 magistrados, por 11 funcionarios de apoyo por despacho, por 7 años…