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COSTA NOTICIAS

¿Un falso debate para poner en libertad a los criminales capturados durante los primeros 100 días del presidente De La Espriella? Por: Eduardo Mackenzie

Un juez ambulante de Antioquia, cuyo nombre la prensa no publica por ahora, cometió un truculento acto de parcialidad en beneficio de un temible jefe criminal capturado días atrás por las autoridades. Sin embargo, tal hecho fue tomado por los medios como una curiosidad. En realidad, ese episodio permite pensar que el proceso del justiciable en cuestión estará salpicado de sobresaltos judiciales que van más allá de este solo caso.

Durante la audiencia de “legalización de captura” de Neider Yesid Uñates López, alias “primo gay”, un cabecilla de la organización narco-terrorista Clan del Golfo, y uno de los delincuentes más buscados de Antioquia, el juez de garantías, en lugar de concentrarse en la diligencia, se fue lanza en ristre contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

En medio de una escalada de violencia, el juez le reprocha al mandatario haber “afectado la dignidad humana” del capturado. Se queja de que el jefe de Estado, cuando confrontó al forajido, utilizó “expresiones totalmente despectivas”. ¿Habría sido mejor que lo felicitara?

¿En qué mundo vive el irascible juez de garantías? ¿En el de Gustavo Petro que evitaba capturar a los criminales y hasta los convidaba a aparecer con él en actos públicos? ¿Quiere ese juez que Colombia regrese a la época infame en que reinaba el miedo y la autocensura y los delincuentes no eran combatidos sino admirados y protegidos por el jefe de Estado?

Alias “primo gay” es autor de atrocidades, entre las que se destaca, por su ferocidad, el secuestro, tortura y asesinato del periodista de 24 años, Mateo Pérez Rueda, en mayo de 2026.

La prensa explica que, además, la Policía antinarcóticos le atribuye a Uñates la muerte violenta, en Amalfi, de 13 guardianes del orden, el 21 de agosto de 2025, cuando logró, con otros bandidos, derribar el helicóptero militar, propiedad de Estados Unidos, que transportaba uniformados para una operación de erradicación de cultivos ilegales. En esa fecha, Uñates, quien pasaba fácilmente de una a otra facción narcoterrorista (estuvo en el ELN y en el Clan del Golfo) trabajaba para las FARC.

Capturado en flagrancia, durante un combate en Briceño, Norte de Antioquia, Uñates comenzó a delinquir desde los 14 años. Hoy está acusado del desplazamiento forzado de más de 2.500 personas en Briceño, de extorsionar a la represa Hidroituango y de realizar atentados dinamiteros contra torres de energía en Medellín y Bello.

Sin embargo, la severidad del juez recayó sobre el jefe de Estado y, además, sobre los miembros de la fuerza pública que participaron en la captura. El juez anunció que enviaría copia de su diligencia a la Procuraduría General y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que “investiguen” al presidente. Y no solo a él. El magistrado quiere extender su vindicta a los “funcionarios públicos que habrían ordenado la exhibición de los capturados en Briceño, Antioquia”. Más exactamente, pidió “determinar la identidad y participación de quienes presuntamente habrían ordenado o coordinado esa presentación pública de los detenidos”, según el diario El Colombiano.

Enseguida, un abogado penalista, Santiago Trespalacios Carrasquilla, sin ser parte en este asunto, afirmó ante una radio que lo que “ha hecho el mandatario en varios momentos podría afectar el proceso con las personas capturadas y llevadas ante el presidente”.

En consecuencia, es evidente que lo ocurrido este 14 de noviembre no fue un instante de ofuscación de un juez politizado, sino que podría ser el primer paso de una sofisticada operación de la camarilla petrista que pretende poner en libertad a los criminales detenidos durante los primeros cien días del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Cuatro días antes de ese episodio, el expresidente Juan Manuel Santos, en un foro contra el gobierno al que él había invitado a Pastor Alape, un ex jefe de las FARC, lanzó precisamente esa consigna. Dijo estar “escandalizado” por la forma como el presidente Abelardo presenta los operativos de la fuerza pública contra los bandidos. El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, respondió que Santos carecía de base moral para intervenir en ese tema pues él le había entregado el país a las FARC mediante los catastróficos acuerdos de La Habana que, además, los colombianos rechazaron en el referendo de 2016.

Hay que admitir que “primo gay” estuvo a punto de quedar libre en la diligencia del 14 de noviembre. La revista Semana reveló que el juez estimó que esa captura “podía ser ilegal”. No se atrevió a dejarlo libre pues tan escandalosa decisión le habría acarreado probablemente demandas por prevaricación. Sin embargo, su llamado a la Procuraduría para que se ocupe de eso podría ser interpretado como una velada recomendación en ese sentido.

Es obvio que al magistrado en cuestión no le gusta que el presidente verifique personalmente los resultados de las mayores operaciones de orden público ni que informe a la opinión pública qué razones tuvo el Ejército y la Policía para capturar o dar de baja en combate a delincuentes que, en lugar de rendirse al Estado, optan por seguir causando enormes sufrimientos a la población y a los servidores del Estado.

El juez de garantías prefiere otro modelo donde cada captura de esas pase sin hacer ruido. Así, los ciudadanos olvidarán o se resignarán y seguirán atrapados por las narrativas mentirosas de la extrema izquierda que muestran a los malos como buenos y a las fuerzas del orden como el enemigo.

La querella del juez parece que busca imponer una mordaza al jefe de Estado y a los funcionarios del Estado para que no expongan las fechorías del crimen organizado ni denuncien el desprecio de esa gente por la vida humana.

El jurista Trespalacios propuso una teoría personal. “Humillar a un detenido es violar la Constitución”, dijo. Es una suposición problemática que no coincide con los preceptos de la Constitución. El no dijo qué artículo de la Constitución ha sido violado. ¿El presidente le negó al detenido el derecho al debido proceso?  ¿No le reconoció su personalidad jurídica? Nada de eso aparece en esas situaciones.

El penalista parece olvidar que el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas de la República y que como ciudadano puede expresar y difundir su pensamiento y opiniones, informar y recibir información veraz e imparcial. Y que las víctimas tienen el derecho a ser informadas sobre la suerte de sus agresores. Para la familia de Mateo Pérez la captura de Uñates fue el comienzo de una reparación moral.

¿Qué falta cometió el presidente al hablar de la reclusión especial para criminales de alta peligrosidad? “Este es candidato para el barco. Lo vamos a meter en altamar, a donde no llegue ni la señal de la santa cruz”, dijo De la Espriella. ¿Le dijo acaso que llegará al barco-prisión sin ser vencido en juicio? No, no dijo eso.

¿El mandatario violó el derecho de Uñates y afectó la honra de que habla el artículo 21 de la CN? No. Trespalacios sabe muy bien que el concepto de honra distingue, en nuestro ordenamiento jurídico, el bien del mal y descansa sobre criterios filosóficos que protegen la buena opinión y la fama adquirida únicamente por la virtud y el mérito. ¿Ese es el caso de Uñates?

El jurista Javier Henao Hidrón, en sus comentarios a la Constitución política de Colombia de 1991, recuerda la frase del filólogo Rafael María Baralt sobre la complejidad de la noción de honra: “Solo en Dios y en la virtud está la honra; y el que tiene honor puede muy bien carecer de honra si realmente no es honrado”.

La presunción de inocencia no le exige al juez ir más allá de esos linderos ni considerar al criminal notorio como una persona honrada. Su deber es garantizarle todos los medios legales de defensa y fallar en derecho.

El estilo y los poderes del presidente deben ser respetados y preservados. En cambio, la actitud del juez de garantías debe llamarnos la atención pues es liberticida y de otra época. Después de los experimentos de Santos y Petro, que hicieron de todo para desacreditar y desarticular la fuerza pública, la energía y lucidez del presidente Abelardo de la Espriella han permitido a las fuerzas de defensa del país recuperar la iniciativa. No permitamos que esa determinación sea sofocada.

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