

El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, el pasado 15 de noviembre, de no imponer nuevas cargas de IVA a los productos de la canasta familiar ni al sector agropecuario, merece nuestro reconocimiento. Es un compromiso que apunta en la dirección correcta y recoge preocupaciones expresadas desde distintos sectores productivos.
Durante nuestras dos entregas anteriores advertimos sobre la contradicción entre Misión Crecer, concebida para estimular la inversión, la productividad y las exportaciones, y una Ley de Rescate Económico que proponía encarecer actividades esenciales para producir.
Celebramos que estas preocupaciones hayan llegado al debate nacional. No pretendemos atribuirnos una decisión presidencial, pero sí reivindicar nuestra participación en una discusión que compromete el futuro de miles de pequeños y medianos productores colombianos.
Sin embargo, una cosa es proteger los alimentos y otra, muy distinta, proteger toda la cadena que permite producirlos.
Del barro y la bosta a la mesa de los colombianos
Desde el barro y la bosta sabemos que la rentabilidad del campo no se decreta. Se construye con inversión, trabajo, tecnología, maquinaria moderna, buenas semillas, fertilizantes, preparación de tierras, riego, sanidad animal, mejoramiento genético y mercados que remuneren justamente la producción.
Los alimentos no aparecen espontáneamente en los supermercados. Detrás de cada kilo de arroz, carne, leche, frutas u hortalizas existe una cadena productiva cuyos costos determinan la viabilidad económica de quienes trabajan la tierra.
El proyecto de Ley de Rescate Económico, mediante modificaciones a los artículos 424, 476 y 477 del Estatuto Tributario, propone retirar tratamientos tributarios favorables a diversos bienes, insumos y servicios indispensables para el campo.
¿Qué ganamos preservando el tratamiento tributario del alimento terminado si encarecemos las herramientas necesarias para producirlo?
Modernizar el campo también exige maquinaria
Colombia necesita renovar su parque de maquinaria agrícola y pecuaria, fortalecer los bancos de maquinaria y ampliar el acceso de los pequeños productores a la mecanización.
Tractores, sembradoras, cosechadoras, equipos de riego, henificadoras e implementos para preparar tierras y establecer pasturas son instrumentos de productividad, no artículos de lujo.
Los bancos de maquinaria permiten compartir equipos, reducir inversiones individuales y facilitar labores que muchos pequeños agricultores y ganaderos no podrían financiar por su cuenta.
La propia Agencia de Desarrollo Rural viene impulsando estos mecanismos. En septiembre entregó, junto con la Gobernación de Sucre, ocho bancos de maquinaria agrícola para beneficiar a 690 productores.
¿Cómo pretendemos modernizar el campo si las disposiciones tributarias pueden encarecer la adquisición, renovación y utilización de sus herramientas de trabajo?
La mecanización debe ser parte de la solución para producir más y a menores costos, no una nueva fuente de dificultades para invertir.
El ganado vivo: una diferencia fundamental
En nuestra segunda entrega explicamos cómo la propuesta de gravar determinadas compraventas nacionales de bovinos vivos con el 19 % de IVA afectaría las condiciones comerciales de toda la ganadería colombiana.
No solamente las exportaciones en pie, sino también la cría, el levante, la preceba, la ceba y el mercado de las hembras, porque la demanda exportadora constituye uno de los principales referentes de formación de precios del ganado nacional.
La carne bovina fresca, refrigerada y congelada conservaría su exención en el proyecto original. Pero eso no resuelve la situación tributaria de la comercialización de animales vivos ni de los servicios asociados a su producción y beneficio.
Proteger la carne que llega a la mesa, sin proteger las operaciones que permiten producirla, es dejar incompleta la protección al sector ganadero.
Del anuncio presidencial a la realidad jurídica
Aquí aparece nuestra principal preocupación.
Con corte al 16 de noviembre de 2026, el expediente público del Proyecto de Ley 477 de 2026 continúa mostrando el articulado originalmente radicado, con las disposiciones tributarias que hemos cuestionado.
El artículo 42 propone modificar los bienes excluidos del IVA, con consecuencias para determinados insumos y equipos agropecuarios. El artículo 45 omite las exclusiones especiales para servicios agropecuarios, comercialización de animales vivos y faenamiento. El artículo 46 retira los bovinos vivos del listado de bienes exentos.
Hasta ese corte no encontramos publicada una modificación que materialice integralmente el compromiso presidencial.
Esto no significa que el Gobierno haya incumplido su palabra. Significa que una declaración política, por importante que sea, necesita convertirse en una garantía jurídica expresa.
Corresponde a los ministerios de Hacienda y Agricultura, con la coordinación de la Vicepresidencia, precisar cómo se incorporarán las modificaciones al proyecto que estudia el Congreso.
Necesitamos conocer qué ocurrirá con la maquinaria agrícola y pecuaria, los bancos de maquinaria, fertilizantes, semillas, semen bovino, preparación de tierras, siembra, riego, asistencia técnica, comercialización de ganado vivo y faenamiento.
Cada actividad tiene particularidades tributarias que deben quedar claramente resueltas.
La seguridad alimentaria también exige proteger al productor
Colombia necesita recuperar sus finanzas públicas. Pero esa recuperación no puede comprometer nuestra capacidad de producir alimentos, generar empleo rural y competir internacionalmente.
La seguridad alimentaria no se garantiza únicamente preservando el tratamiento tributario de los productos de consumo. También exige proteger la capacidad productiva del campo, estimular la inversión y asegurar que las familias puedan acceder a los alimentos.
Reconocemos el anuncio presidencial como un avance importante. Pero el sector agropecuario necesita certezas jurídicas y decisiones concretas que permitan invertir, modernizarse, producir y crecer.
Presidente: proteger la canasta familiar es indispensable. Pero proteger al consumidor sin proteger a quien produce sus alimentos sería dejar el rescate económico a mitad de camino.
Mientras ese compromiso no quede reflejado expresamente en la ley, Misión Crecer seguirá teniendo pendiente su prueba más importante: demostrar que producir más no significará producir más caro.
@lacoutu