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No le bastó al Gobierno de Juan Manuel Santos con darle a los terroristas de las Farc: impunidad, 10 cúrules a dedo en el Congreso, no extradición, narcotráfico conexo al delito político, financiación a partido político y 20 emisoras en FM; sino que a través de Decretos les otorga privilegios en materia económica, de vivienda y educativa.

Según la información disponible en la página web de la Presidencia de la República, irían más de 65 Decretos desde octubre de 2016 a la fecha para implementación de los acuerdos; pero los 24 del pasado 30 de mayo, no dan sino escalofrío. Además de anular  por completo la división de poderes, crean alrededor de 20 programas y 12 instancias entre unidades, comités y comisiones sin estudios de cargos y presupuesto.

Una sumatoria de los beneficios concedidos en los Decretos 899 y 890 de 2017, permite concluir que cada guerrilleros de las Farc recibirá alrededor de $45 millones en dos años, que se desagregan de la siguiente manera: 8 millones de apoyo económico para emprender; $2.2 millones por  pago de la seguridad social por 2 años; 90% de un SMLV por dos años, y subsidio para vivienda de VIS y VIP y rural. ¿Por qué todos esos beneficios no se lo dijeron de frente a los colombianos?

No suficiente con lo anterior, el Decreto 897 de 2017 crea el Programa de Reincorporación Económica y social de las Farc que tendrán recursos priorizados, para proyectos productivos que ellos mismos podrán administrar. ¡Absurdo!

Ahora nos viene el Páguese a los colombianos trabajadores y de bien con nuestros impuestos, que tendremos que financiar todos los beneficios a los terroristas, pues seis meses después de la firma del acuerdo con las Farc  -que fue rechazado por el pueblo en  plebiscito-  el Gobierno no tiene idea de los bienes y activos de las Farc, que según el Fiscal General de la Nación es –inicialmente- de aproximadamente $1.1 billones.

En conclusión, el Gobierno corre y crea para cumplir a las Farc, las Farc dilatan entrega de armas y reincorporación a la vida civil y los colombianos pagamos. ¡Ya es hora de poner orden y recuperar en 2018 los beneficios para los colombianos de bien!