ECONOMICAS, GOBIERNO

La medida de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya empieza a tener efectos en el sistema financiero nacional. Asobancaria ratificó el compromiso del país con las normas internacionales contra el lavado de activos.

Valledupar, 24 de octubre de 2024-La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al presidente de Colombia, Gustavo Petro; a su esposa, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la conocida Lista Clinton comenzó a generar repercusiones inmediatas en el país.

Fuentes del sector financiero confirmaron que algunas entidades bancarias han empezado a restringir o bloquear productos asociados a los funcionarios y sus familiares, en cumplimiento de las implicaciones que conlleva estar dentro del listado administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense.

De acuerdo con el organismo norteamericano, las instituciones financieras y las personas naturales o jurídicas pueden ser sancionadas si realizan operaciones o mantienen vínculos económicos con los designados. La inclusión en la lista supone el bloqueo de todos los bienes e intereses en Estados Unidos, así como la prohibición de que ciudadanos o empresas estadounidenses realicen transacciones con los señalados.

En Colombia, la Sentencia SU-167 de 1999 de la Corte Constitucional reconoce las consecuencias legales y financieras que acarrea la aparición en ese listado, incluso sin que exista una condena o investigación penal en el país. Según la jurisprudencia, la sola inclusión constituye una causal objetiva para negar el acceso al sistema financiero.

Ante el impacto de la medida, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) emitió un comunicado en el que reiteró que el sector financiero colombiano mantiene su compromiso con las regulaciones internacionales y la transparencia.

“Asobancaria y sus afiliados continuarán actuando de acuerdo con la legislación nacional, los derechos del consumidor financiero y los estándares internacionales”, señaló el gremio, recordando que Colombia fue pionera en América en la implementación de mecanismos antilavado desde 1992.

El gremio también subrayó que la cooperación con las autoridades estadounidenses y la banca corresponsal ha sido esencial para fortalecer la integridad del sistema financiero. Asimismo, aseguró que seguirá trabajando de manera coordinada con las autoridades locales e internacionales para preservar la estabilidad y confianza de los usuarios.