Se conoció la violación a una menor indígena por parte de 7 soldados, un acto abominable que debe ser repudiado y condenado. A los responsables se les debe aplicar todo el peso de la ley, brindándoles las garantías legales pertinentes conforme a nuestro ordenamiento jurídico; si son hallados culpables, que les apliquen la máxima condena posible a esos desadaptados.
Debo mencionar que me resulta bastante absurda la manera en que algunos integrantes de la izquierda (y el grupo de periodistas que siempre los apoyan) han aprovechado esta circunstancia para tratar de enlodar a la institución a la que pertenecían los 7 acusados. En entrevistas y en redes sociales utilizan la frases “ejército violador”, trasmitiendo un mensaje de odio que busca condenar a la institución militar por el comportamiento de 7 de sus integrantes (una institución altamente valorada y respetada por los colombianos no puede afectarse por el comportamiento criminal del 0.0023% de sus hombres). Con vehemencia cuestionan el hecho de que a los soldados se les envíe a cárceles militares (establecimientos construidos en varias batallones, los cuales están lejos de ser hoteles 5 estrellas como los califican en sus diatribas) que cumplen con los lineamientos del INPEC, cuentan con las condiciones básicas que debe tener un centro de reclusión y cumplen el objetivo de que permanezcan detenidos mientras se determina por parte de un juez la condena que merecen (reitero, que espero sea implacable).
Me parece cinismo nivel Santos ver cómo estos personajes ahora se rasgan vestiduras por este execrable hecho y se opusieron a la cadena perpetua a violadores de menores. También permitieron, sin un ápice de rubor, que los jefes criminales FARC (responsables de cientos de violaciones a menores de edad, de decenas de casos de esclavitud sexual infantil, de miles de casos de abortos plenamente documentados por la fiscalía; del secuestro, asesinato o desaparición de cientos de menores que fueron secuestrados como combatientes en sus filas y de los cuales nunca se supo nada) hoy estén en total impunidad, sin pagar un día de cárcel y disfrutando de los enormes privilegios de ser congresistas ( salarios de más de $30 millones, esquemas de seguridad y toda serie privilegios) en premio a décadas de barbarie. Buscan el repudio de los colombianos contra la institución militar por un hecho individual, simultáneamente comparten escenarios, defienden, admiran y protegen a jefes FARC cuyo prontuario y condenas son amplias por todo tipo de crímenes.
A quienes hoy atacan a la entidad militar por lo ocurrido con los violadores de la menor indígena (en medios de comunicación informaron que habían aceptado cargos) jamás se les ha oído comentario alguno por las denuncias contra alias Carlos Antonio Lozada (bautizado por jóvenes guerrilleros de las FARC como tornillo, por su aberrante gusto por varones menores de edad y cuya presencia en sus campamentos los aterrorizaba); o contra alias Pastor Alape y alias Andrés Paris por su especial gusto de tener compañeras intimas a menores de edad (como se evidencia en fotos conocidas en redes sociales); mucho menos contra alias Victoria Sandino, acusada por las jóvenes de la Corporación Rosa Blanca de entregar a cientos de menores como esclavas sexuales a distintos comandantes y de obligarlas a practicarse abortos. Al involucrar menores de edad, constituyen Crímenes de Lesa Humanidad; no obstante, jamás ha habido cuestionamiento alguno de su parte, ¿por qué la doble moral cuando se trata de los crímenes contra menores cometidos por jefes FARC?
Todo crimen contra menores de edad debe ser repudiado por la sociedad; todos los casos deben ir a la justicia penal y se debe condenar de manera ejemplar a los responsables, aplicando la máxima condena. Debe manejarse el mismo rasero si los criminales pertenecen a la institución militar o si son miembros de FARC. Por supuesto, los 7 soldados deben recibir el máximo castigo por tan horrendo crimen; pero los jefes FARC, igualmente, deben pagar con la misma severidad por sus crímenes contra menores, que son mucho más numerosos y graves que el de los soldados. La selectividad perversa y amañada, al momento de analizar y condenar crímenes, debe acabarse en Colombia.
EL COLMO 1: Cinismo nivel Juan M Santos: Los narcoterroristas FARC, responsables de miles de crímenes contra menores de edad, totalmente impunes; convocaron a “cacerolazo nacional exigiendo #JusticiaParaLaNiñaEmbera”. ¿Así o mas sinvergüenzas? NO HAY DERECHO.