COLUMNISTAS

La elección presidencial de junio de 2026 se ha vuelto la obsesión de los partidos colombianos. En lugar de comenzar por el principio   –por la construcción de un polo de resistencia contra las ambiciones petristas–, la oposición de derecha y centro que venía batallando moderadamente contra un gobierno cada vez más insoportable, comenzó por el final: por ceder a la tentación electorera y abrir un abanico de candidatos, un año y medio antes de los comicios.

Eso era lo que quería Petro. Que los jefes políticos, desesperados pero ambiguos frente a los esfuerzos del país para liberarse de la dictadura narco-socialista, se apartaran de ese esfuerzo y entrasen en la fiesta de una campaña electoral prematura, es decir, en una fase utópica de dispersión y, sobre todo, de abandono de la estrategia realista que estaba en marcha de destitución legal del presidente de la república por los delitos, electorales y post electorales, cometidos antes y después del 7 de agosto de 2021.

El de ahora es, pues, un proceso negativo que debilita al campo de la restauración de la democracia. El campo político aparece frenado y las gesticulaciones habituales contra las “reformas” de Petro, pierden fuerza: la reforma-saqueo de la salud y la “reforma laboral” avanzan en el Congreso gracias al apoyo explícito de los partidos Liberal, de la U y de sectores conservadores.

Después de descubierto un intento de fraude en el Senado durante la elección de un nuevo miembro de la Corte Constitucional, pues alguien depositó dos votos de más en la urna, Petro logró este 19 de noviembre otro objetivo estratégico: controlar la Corte Constitucional, mediante la elección de su alfil Miguel Polo. La operación fue rápida y bien ejecutada. Ni siquiera los senadores pudieron interrogar a los candidatos sobre sus ideas jurídicas. La CC había tumbado varias iniciativas de Petro por ser inconstitucionales. A partir de mayo de 2025, la nueva CC estará a la merced de los intereses del poder ejecutivo.

Más impopular que nunca, el ocupante de la Casa de Nariño puede dormir tranquilo. Hace unas semanas, Petro estaba perdido. Una parte del fraude electoral que le permitió llegar a la presidencia de la República había quedado al descubierto y juristas independientes, sin pedirle permiso a los jefes de la oposición constructiva, pusieron el dedo en la llaga: lograron que el Consejo Nacional Electoral estudiara la violación de los topes máximos de financiación de la campaña electoral de Gustavo Petro en 2021-2022, delito que es sancionado por la Constitución, en su artículo 109, con la pérdida de la investidura del infractor y la acusación de la Cámara de Representantes (art 199 de la CN).

Petro activó sus contactos con la oposición dialogante para que ésta sofoque ese activismo y lo reemplace por una atmósfera electoral prematura que transforme a los luchadores en candidatos de relumbrón.

La señal de partida ocurrió el pasado 8 de octubre cuando Petro llamó a sus huestes a hacer lo necesario para frustrar la decisión del CNE de investigarlo. En un discurso televisado, Petro declamó: “Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado en mi contra”, e invitó a una “movilización generalizada” contra la “conspiración de la extrema derecha”. Horas antes, el CNE había anunciado que investigará las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro de 2021-22.

Petro mintió cuando dijo que estaba protegido por una “inmunidad presidencial”. Cuando la ciudadanía vio que eso no existía, habló de “inmunidad constitucional”, la cual tampoco existe. Tuvo pues que contentarse con un alegato más simple: que él es “inocente”, que los cargos son “infundados” y constituyen “el primer paso de un golpe de Estado blando”. Tal era el desprestigio de Petro que los grupos petristas y los sindicatos comunistas prometieron hacer “reuniones y consultas”, pero no pudieron lanzar manifestaciones callejeras. En el exterior el viento cambió de rumbo con la elección de Trump en Estados Unidos. Pero dentro del país Petro ha reforzado su poder.

La oposición constructiva sigue en Babia: no aprende de las lecciones que le dá la vida. Cree que en 2026 tendrá todas las garantías para vencer en las urnas a la subversión de gobierno. César Gaviria –7 de sus senadores votaron por Miguel Polo–, invita al Partido Liberal, al Centro Democrático y al Partido de la U –3 de ellos votaron por Polo–, a elegir un “candidato único” en una vaga consulta dentro de 16 meses. Álvaro Uribe propone realizar una serie de foros para oír a los precandidatos. Mientras tanto, Petro y su clique avanzan sin hablar de elecciones. No hay peor ciego que el que no quiere ver.