COLUMNISTAS

El ELN publico un panfleto hace una semana en el que “ordenaron un paro armado en todo el territorio nacional durante los dias 14, 15, 16 y 17 de diciembre, y la amenaza se cumplió a cabalidad, puesto que, así lo sufrió el pueblo en distintas regiones del pais. Tal documento no fue un llamado a la paz, sino propaganda política armada.

Ocuparnos de analizar el panfleto no legitima a ese grupo criminal; al contrario, nos brinda la oportunidad de desmontar el mito de su lucha por el pueblo.

Tengo una pregunta clave: ¿Existe en estos largos años (61) de violencia armada ilegal, una obra social real de las Farc o del ELN que haya beneficiado al pueblo colombiano? La respuesta honesta verificable y sostenida en 61 años de historia es: No existe una sola obra social estructural, legal, sostenible y verificable atribuida a las Farc o al ELN que haya mejorado de manera duradera la vida del pueblo colombiano.

Ni hospitales, ni universidades, ni acueductos, ni sistemas productivos legales, ni programas educativos abiertos, ni desarrollo comunitario autónomo.

Todo lo que estas organizaciones criminales llaman “obra social” ha sido, en realidad: Control armado de la población, imposición de normas a través del miedo, justicia ilegal, impuestos extorsivos, y uso instrumental del campesino como escudos humanos, informantes o fuente de reclutamiento robándoles sus hijos y violando a sus hijas. Eso no es reivindicación social; es dominación armada ilegal.

En su lugar el daño es evidente y descomunal el que le han hecho al campesinado colombiano y al pueblo indígena: secuestros de campesinos, de comerciantes rurales, de transportadores locales, de alcaldes muchos de ellos asesinados, de médicos y maestros, que como consecuencia han dejado: niños abandonados, tierras abandonadas, miseria en familias campesinas y traumas que aun persisten. El secuestro como forma de lucha no fue, simplemente un error, fue una política financiera. Las Farc y el ELN expulsaron comunidades enteras, minaron con artefactos “quiebra patas” caminos veredales, obligaron a campesinos a sembrar coca y prohibieron cultivos legales. Resultado. Millones de desplazados, cinturones de miseria, separación de familias, negaron la educación rural y a millones los expusieron a la violencia armada.

Todo lo que les he narrado no es lucha social: es crimen de guerra.

Desde los años 90, controlan los cultivos de coca, sus laboratorios, las rutas de evacuación del alucinógeno, cobran impuestos a los carteles de la droga y ahora son productores directos de la cocaína al lado del cartel de los soles de Venezuela. El mito de la “lucha por el pueblo”, es su discurso para engañar al pueblo, puesto que, esa lucha nunca fue decidida por el pueblo, jamás consultaron a las víctimas, nunca aceptaron elecciones libres como mecanismo de cambio.

¿Hubo algo bueno real y verificable?: nada que no pudiera haberse hecho sin armas; nada que compense el daño causado y nada que legitime 61 años de guerra y el saldo de mas de 350.000 victimas algo peor que la pandemia del Covid 19.

Las guerrillas son la peor peste que asola a Colombia.