DESCENTRALIZADOS

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la suspensión de la invitación pública No 2 de 2017 para la contratación de los servicios de salud a los afiliados al FOMAG por un  valor de $5.277 billones de pesos.

Barranquilla, abril 11 de 2017.- Con todo y los escándalos de corrupción con los dineros del magisterio, solo hasta este momento, la Procuraduría, busca suspender el proceso para la contratación donde esta vez al parecer hay síntomas de corrupción en los servicios de salud. Según el Ministerio Público, en la vigilancia al proceso de contratación se ha encontrado una serie de inconsistencias que no garantizan la transparencia del proceso, en atención a los principios de la Constitución Política, la Función Administrativa y la Gestión Fiscal.

Con la solicitud de suspensión se busca que el proceso sea replanteado, las observaciones y recomendaciones atendidas y que la contratación se ajuste a los principios y normas que rigen el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, buscando según el ente de control, garantizar la transparencia en la selección, así como la idoneidad de quienes resulten adjudicatarios en dicho proceso contractual.

Adicionalmente, afirmó el ente de control en su pronunciamiento que el Ministerio Público le solicitó al Consejo Directivo del FOMAG evaluar con el Gobierno la creación o el fortalecimiento de una estructura que sea responsable de la administración del Fondo y que se adopten las medidas necesarias a la mayor brevedad, para ajustar el modelo al sistema de salud actual, que garanticen la transparencia en la administración de los recursos, la intervención de órganos de control y  la prestación de los servicios idóneos, oportunos, bajo altos estándares de calidad para todos los usuarios y sus familias.

La solicitud de suspensión presentada por la Procuraduría tendrá que ser resuelta antes del cierre del proceso, previsto para el próximo 20 de abril de 2017, y debe considerar  la revocatoria de todos los actos precontractuales, a efectos de garantizar los bienes jurídicos tutelados con esta petición.