POLITICA

El propósito es destruir el Sistema de Salud, con intervenciones, con o sin Reforma, con estrangulación financiera, con una narrativa destructiva.

Ya se hubiera mejorado la prevención, especialmente en lugares remotos, gracias a la tecnología, a la telemedicina.
Pero no, el tema era el mascarón, el fondo ha sido destruir.

Nadie niega casos de corrupción. El Gobierno Duque eliminó 13 EPSs. Santos entregó SaludCoop, Cafesalud y Caprecom a la politiquería. Los actores siguen impunes en la Primera Línea del protagonismo político.

La mayor corrupción ha sido en el Estado, las EPSs departamentales y municipales fueron un fracaso.

Tenemos EPSs privadas, ejemplares, hoy estranguladas.

En años recientes las EPSs tuvieron utilidad operativa de menos del medio por ciento anual en proporción a una
facturación que excede 90 billones en el periodo.

Últimamente han debido gastar en salud entre el 102% y el 108 % del valor que reciben por cada asegurado. Esto es, nada queda para administración, imprevistos y utilidad. Al contrario, ese faltante ha salido de los patrimonios que se
agotan. Como resultado acumulan un patrimonio negativo de más de 7 billones. Así nadie forma reservas.

Una lástima acabar con un Sistema cuya participación del sector privado es garantía de calidad y se eficiencia financiera.

Incluso si las EPSs pudieran gastarse en administración hasta el 10%, autorizado por la ley, costarían mucho menos que un monopolio estatal. Para muestra están la quiebra de las estatales o los costos del Seguro Social. Sus clínicas
demandaban subsidios de 500 mil millones al año, en pesos de 2002. El problema dejó de existir gracias a que fueron transferidas a universidades y a Cajas de Compensación.

Nuestro Sistema ha sido mixto y solidario. Las buenas EPSs han prestado un servicio invaluable que debería ser
financieramente sostenible.

Mientras en Estados Unidos el gasto en salud por persona supera los 11 mil dólares, en Alemania los 5 mil, en España los 2 mil trescientos, en México los 350, en Brasil los 660, en Chile los 750, en Colombia estaba ligeramente por encima de 400 dólares persona año. Sin embargo aquí sobresalen dos expresiones de solidaridad; la mayor parte del costo está a cargo del Estado o de los empleadores, y la ciudadanía paga entre el 11% y el 13% de su bolsillo, antes de la Ley 100 pagaba el 50%.

La ventaja del menor costo del bolsillo tiende a perderse. El profundo daño causado al Sistema aumenta el número de pólizas privadas, el pago de bolsillo del paciente y la presión para que los empleadores adquieran seguros privados colectivos para sus trabajadores.

La petición del aumento del valor de la UPC no es un capricho; basta leer los comunicados de las asociaciones de pacientes, del gremio Acemi y los estudios de Anif y de la Andi. O qué dirán los administradores de las EPSs intervenidas. Estas se han deteriorado y han aumentado los plazos de pagos con daño a los hospitales.

Además del concepto ideológico, al aumento racional de la UPC se opone el delicado estado de las finanzas públicas, producto del derroche, 60% de aumento en gastos de funcionamiento. Y por fortuna se evitó la Reforma Tributaria que pretendía aumentar más impuestos al patrimonio, a la energía, etc. Al contrario, lo que se necesita
es bajar impuestos e introducir austeridad.

El mayor daño en el mediano plazo es la expulsión del aseguramiento privado en salud. Seguramente, un Gobierno diferente, tendrá que rescatarlo con estímulos tributarios y garantías de estabilidad, estas armadas de indemnizaciones para el evento de una reincidencia destructiva.