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El país vuelve a mirar con atención un caso que combina justicia, opinión pública y coyuntura política. La decisión de la Fiscalía General de la Nación de avanzar en la imputación de cargos contra el general en retiro Eduardo Zapateiro Altamiranda no solo activa un proceso judicial, sino que reabre un debate más amplio sobre el momento en que ocurren ciertas decisiones y la percepción que estas generan en la ciudadanía.

En este contexto, el propio general ha dado un paso que merece ser analizado con serenidad. A través de un comunicado público, reconoce la existencia del proceso en su contra y anuncia que asumirá su defensa en los escenarios judiciales correspondientes, ante instancias del Tribunal Superior de Bogotá. Pero, además, toma una decisión que envía un mensaje claro: apartarse de la campaña presidencial en la que venía participando, con el fin de evitar que su situación personal sea utilizada como herramienta de confrontación política.

Ese gesto, más allá de cualquier simpatía o crítica, refleja una comprensión del momento. En tiempos donde lo común suele ser resistir hasta el último espacio de poder, el apartarse voluntariamente para no afectar a terceros (en este caso, a una candidatura) habla de una lectura responsable del impacto que puede tener una situación judicial en el escenario público. Es, en esencia, una decisión que combina prudencia con sentido institucional.

Ahora bien, esto no ocurre en el vacío. El general Zapateiro ha sido una figura visible y crítica frente a decisiones del actual gobierno encabezado por Gustavo Petro. Su voz ha tenido eco en sectores que defienden una visión distinta sobre seguridad, orden público y conducción del Estado. Esa trayectoria reciente hace inevitable que el avance de este proceso sea leído también en clave política por distintos sectores.

No se trata de afirmar que la justicia actúe con motivaciones distintas a las legales, pero sí de reconocer que en Colombia la confianza en las instituciones ha sido puesta a prueba en múltiples ocasiones. Por eso, cuando casos de alto perfil coinciden con momentos políticamente sensibles, surgen preguntas que solo pueden ser respondidas con transparencia, rigor y decisiones sólidas por parte de los jueces.

En todo caso, hay un principio que debe mantenerse intacto: la presunción de inocencia. El general no ha sido condenado, ni siquiera juzgado en su totalidad. Está siendo vinculado formalmente a un proceso que apenas inicia su fase más visible. Será allí, en el terreno probatorio, donde se establecerá si las acusaciones tienen sustento o no.

Entretanto, el país asistirá, como suele ocurrir, a una intensa exposición mediática. Habrá posiciones encontradas, críticas desde distintos sectores e incluso cuestionamientos desde dentro de ámbitos cercanos al propio entorno militar. Esa es la dinámica de una sociedad abierta, donde las figuras públicas están sometidas al escrutinio constante.

Pero es precisamente en esos momentos cuando se pone a prueba la madurez institucional. Ni la condena anticipada ni la absolución por afinidad son caminos válidos. La única ruta legítima es el respeto por el debido proceso. También es justo reconocer que la decisión del general de apartarse del escenario político inmediato envía una señal de respeto hacia la contienda electoral, evitando que su situación sea instrumentalizada para afectar a terceros. A la candidatura de Abelardo de la Espriella, ahora desligada de este episodio, solo cabe desearle que continúe su curso en igualdad de condiciones frente al electorado.

Colombia necesita que la justicia funcione sin interferencias, pero también que las decisiones que se adopten resistan cualquier duda sobre su legitimidad. En un país donde durante años las fronteras entre lo político y lo institucional han sido objeto de discusión, cada caso de alto perfil representa una oportunidad (o un riesgo) para fortalecer o debilitar la confianza ciudadana.

El general Zapateiro, por su parte, ha optado por enfrentar este momento en los términos que corresponden: en los estrados judiciales. Será allí donde deba defender su nombre y su trayectoria. Al final, más allá de percepciones o lecturas, será la justicia la que determine la verdad. Y el país, una vez más, quedará a la espera de que esa verdad llegue sin interferencias y con la claridad que exige un auténtico Estado de Derecho.