Juntos pero no revueltos en la lucha contra los corruptos, dejan claro Fiscalía General, Procuraduría y Contraloría a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia y Vicepresidencia
- JUSTICIA
Barranquilla, 14 de abril de 2020.- Una lucha contra la corrupción independiente del gobierno emprendieron el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, entes a quienes les corresponde institucionalmente esta actividad cada uno desde su ángulo penal, fiscal y de control sancionatorio, debido a que la corrupción y el abuso de poder no están en cuarentena, y se está manejando sobrecostos hasta con más del 100%, por lo que se vigilan más de 800 mil pesos en recursos públicos. Además del despilfarro, se encuentra la utilización de los dineros públicos para la contratación de publicidad y encuestas a favor de los mandatarios como en el caso de Bogotá, o la utilización de la Pandemia para imprimir publicidad innecesaria a favor del mandatario como ocurre en Santa Marta y el Magdalena que reclaman los ciudadanos.
Los tres entes antes mencionados en un comunicado de prensa emitido este lunes, hicieron saber que no tienen nada que ver con las actividades que desde la Vicepresidencia lleva a cabo Martha Lucía Ramírez quien en un comunicado también emitido por la Vicepresidencia señaló que su actividad la desarrollaba y las entidades anteriormente anunciadas, no obstante que la Vicepresidencia desarrolla con la Secretaria de Transparencia un control interno a la contratación desde el Ejecutivo.
Según el comunicado de la Vicepresidencia “el Gobierno y Organismos de control, unidos en bloque contra corruptos, Vicepresidente y Secretaria de Transparencia emprenden trabajo conjunto con Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Función Pública, Colombia Compra Eficiente”, y según añade, “uniendo esfuerzos contra la corrupción en contratación en emergencia por COVID-19. Lupa a contratación pública y acción contra corruptos, particulares y funcionarios públicos, ante denuncias de sobrecostos, repartición irregular de mercados, cobros por retiro de subsidios y más”.
Los entes de control, dejaron claro que “los tres organismos acordaron, en el marco de sus competencias, crear desde el inicio de esta pandemia un equipo integrado por servidores de alto nivel para hacer frente a la corrupción en la que puedan incurrir funcionarios de todo orden -nacional, departamental y municipal- en la atención de los colombianos y aplicación de las medidas para controlar la propagación del coronavirus”.
Dejan además claro que hay una separación de poderes, teniendo además que a los entes de control le corresponde además vigilar todos la contratación estatal que está ordenando el Gobierno, del cual la Vicepresidencia y la Presidencia son objeto de este control y señalan que este grupo es liderado por el Procurador, el Contralor y el Fiscal General que además como entes autónomos e independientes, no somos parte de ningún equipo élite liderado por la Vicepresidencia de la República relativo a la persecución de corruptos. Este grupo ya existe, se enmarca en nuestras competencias y es integrado por funcionarios de las tres entidades”.
Finalmente señalan que en los próximos días empezaremos a mostrar resultados concretos contra quienes incurran en actos de corrupción y comprometan su responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. Sin embargo este fin de semana el Contralor Felipe Córdoba se había adelantado a decir que ya hay 11 investigaciones por contratos irregulares, cuyos valores alcanzan los $80 mil millones, suscritos aparentemente, como plan de contingencia para el Covid-19. Entre ellos, los contratos entre las alcaldías de Malambo y Soledad.
Cabe recordar que se están llevando a cabo investigaciones en este tema de Coronavirus por sobre costos, no solo a Gobernación del Tolima, administración de Arauca, al igual que la del departamento del Cesar, Ibagué también está cuestionada y varios municipios del país, entre estos, los antes mencionados, sino también a la Central Administrativa y Contable de Medellín, CENAC que se creo para el supuesto manejo transparente de la contratación, la cual maneja una contratación de 10 mil millones de pesos.
