JUDICIALES, POLITICA

La medida fue rechazada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

Barranquilla, 2 de octubre, de 2026.- Juez 27 de control de garantías ordenó pena privativa de la libertad en su domicilio a Miguel Quintero Calle, investigado por delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación durante la alcaldía de su hermano Daniel Quintero Calle, en Medellín.

La Fiscalía General de la Nación lo expresa en un comunicado de prensa, luego de haberlo presentado ante un juez de control de garantías a Miguel Andrés Quintero Calle y a su cómplice Sebastián de Dios Ortega Urán, señalados de participar en las irregularidades detectadas en seis contratos suscritos entre 2019 y 2023, por un valor superior a $17.657 millones.

Los acuerdos fueron celebrados directamente entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí Antioquia, presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos legales. Las evidencias indican que esta modalidad habría sido utilizada para direccionar la contratación y favorecer a un beneficiario específico.

Adicionalmente, fueron detectados posibles sobrecostos en los kits adquiridos durante la pandemia, pagos por servicios de transporte que no fueron prestados y recargas de telefonía celular que tampoco se realizaron. Estas y otras anomalías habrían ocasionado un detrimento patrimonial superior a $2.481 millones.

La investigación evidenció que Quintero Calle, pese a no ser servidor público, habría intervenido en los nombramientos de Juan David Palacio Cardona como director del AMVA y de Álvaro Villada García como subdirector Administrativo y Financiero, con el propósito de ejercer control sobre la contratación de la entidad.

Posteriormente, presuntamente les ordenó direccionar los seis contratos en beneficio de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. A cambio, habría exigido el 15 % de los recursos desembolsados. Por su parte, Ortega Urán habría sido el encargado de recibir el dinero en efectivo y entregárselo a Quintero Calle.

Por estos hechos, una fiscal les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

El juez de control de garantías impuso a Quintero Calle medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. Para Ortega Urán dispuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad. La fiscal del caso apeló la decisión.

La medida impuesta por el Juez, fue rechazada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez uno de sus denunciantes, quien afirmó, que uno de los incendios que quemó al hermano de Daniel Quintero Calle, es el de los 17 mil millones que eran para apoyar bomberos en COVID 19 y terminaron fue en los bolsillos su hermano Miguel y su socio, por lo que confía Gutiérrez que este caso logre meter en la cárcel al hermano de Quintero.

No obstante el Juez 27 de control de garantías ordenó para Miguel Quintero domiciliaria, en este sentido Federico Gutiérrez dijo que no comparte que Quintero permanezca detenido en su casa y sostuvo que durante el proceso se han señalado posibles presiones sobre testigos y riesgos de obstrucción a la justicia. El juez, sin embargo, descartó que ese riesgo hubiera quedado acreditado y sustentó la medida en el peligro para la sociedad.