AGRONOTAS

Barranquilla, 12 de agosto de 2026.- Una circular del ministro Indalecio Dangond frena la firma de nuevos negocios en las entidades del agro, después de que la Agencia de Desarrollo Rural habilitara un sábado para adelantar trámites que un congresista y el propio Ministerio cuestionan. El presidente de la agencia, César Pachón, niega irregularidades y atribuye la jornada a un represamiento de trabajo.

Los proyectos de desarrollo rural que dependen de nuevos contratos con el Estado quedan en pausa hasta el 20 de agosto.

Así lo ordenó el Ministerio de Agricultura, luego de que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) habilitara el sábado 8 de agosto (un día después de la posesión de Abelardo de la Espriella) para adelantar trámites administrativos y contractuales.

La decisión de la ADR generó cuestionamientos porque, según el ministro Indalecio Dangond, algunos de esos procesos podían comprometer recursos públicos por más de $250.000 millones en plena transición de gobierno.

Por eso, el 10 de agosto, Dangond impartió una directriz a todas las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio: hasta el 20 de agosto no podrán iniciar, adjudicar, celebrar ni ejecutar nuevos contratos, ni tomar decisiones de personal o estratégicas que comprometan la gestión de la administración entrante.

La circular exceptúa las actuaciones indispensables para no interrumpir servicios públicos ni incumplir obligaciones legales ya en curso, lo que en la práctica protege los programas rurales que no admiten pausa.

El origen de la denuncia

La controversia la planteó primero el congresista Daniel Briceño, quien cuestionó el momento en que se habilitó el sábado y sostuvo que existía un afán por dejar encaminados contratos antes del cambio de administración.

Briceño mantiene su denuncia y asegura contar con documentación adicional; Pachón, a su turno, anunció que pedirá que se rectifiquen las acusaciones.

Qué revisará el Ministerio

La circular de Dangond establece que toda decisión capaz de trascender el cambio de Gobierno deberá pasar antes por el Ministerio, con sustentación jurídica, técnica y presupuestal.

El documento pide además que las entidades ajusten sus actuaciones a los principios de la función administrativa y a la responsabilidad en el manejo de recursos públicos.

Con la directriz vigente, la documentación contractual y administrativa de la ADR será la que determine si la jornada del 8 de agosto sirvió para destrabar proyectos represados, como sostiene Pachón, o si aceleró actuaciones antes de que asumiera el nuevo Gobierno, como cuestionan sus críticos.