GOBIERNO, JUDICIALES

Valledupar, 30 de septiembre de 2026.- Mientras la rutina comercial transcurría con normalidad en los pasillos del centro comercial Falabella, unos metros más arriba, en la acera de enfrente, se ejecutaba uno de los golpes judiciales más quirúrgicos del año. En el piso 12 de la Torre B del Centro Empresarial Torres del Atlántico, ubicado formalmente en la Calle 100 # 53-12, las luces del ala norte permanecieron encendidas durante la madrugada. La Fiscalía Novena Especializada de la Estructura de Apoyo, junto a peritos forenses de delitos cibernéticos y el CTI, desmantelaron lo que las autoridades califican provisionalmente como un plan de “borrado sistemático” de la memoria inmobiliaria de la mafia en el Caribe.

A diferencia de las versiones preliminares centradas en un chequeo de rutina, fuentes de entero crédito confirmaron a este medio que el allanamiento a la sede principal de Activos por Colombia -operadora inmobiliaria clave de la Sociedad de Activos Especiales SAE – fue una carrera contra el reloj para evitar un apagón informático.

La Razón del Allanamiento: Un “Caballo de Troya” en el Sistema

La orden de registro, legalizada de manera perentoria por un Juez de Control de Garantías, se detonó tras una denuncia de máxima alerta interpuesta por la propia presidenta de la SAE, Diana Patricia Bravo Vélez. Los sistemas de seguridad interna detectaron accesos remotos inusuales y la alteración de credenciales administrativas.

La hipótesis central apunta a que desde la anterior administración de la plataforma se pretendía ejecutar una maniobra de ocultamiento y eliminación masiva de correos electrónicos, cuentas de usuario y archivos institucionales. El objetivo detrás de esta presunta “limpieza de rastro” habría sido ocultar a la nueva administración las carpetas físicas e historiales de subastas y asignaciones de más de 38.000 inmuebles confiscados al narcotráfico.

El Botín Tecnológico: ¿Qué Encontró el CTI?

La intervención no se limitó al papeleo habitual. El equipo de informática forense de la Fiscalía se enfocó en asegurar los nodos físicos antes de que los servidores fueran formateados a distancia. El material de valor probatorio incautado incluye:

• 5 Computadores de Alta Gama: Estaciones de trabajo asignadas a las gerencias de comercialización y TI. Sus memorias RAM fueron congeladas en caliente para captar los últimos comandos ejecutados.
• 3 Discos Duros Externos y Servidores Locales: Dispositivos donde presuntamente se realizaban copias espejo de la base de datos de subastas antes de ser borradas de la nube institucional.
• Dispositivos Móviles y Cripto-llaves: Equipos de comunicación corporativa que registran las trazas de conectividad y órdenes emitidas en las últimas 72 horas previas al operativo.

Toda la evidencia digital ya se encuentra bajo estricta cadena de custodia en los laboratorios forenses del CTI. El propósito inmediato es reconstruir la línea de tiempo de las conexiones para determinar con precisión científica qué archivos alcanzaron a ser modificados, desde qué direcciones IP se ordenaron las bajas de información y quiénes son los responsables individuales detrás de este presunto sabotaje al patrimonio público