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II parte. Propuesta sobre riego y drenaje

En la columna anterior expuse una idea que parece sencilla, pero que Colombia no termina de entender: no tenemos un problema de agua. Tenemos un problema para convertir el agua en productividad.

Tenemos agua cuando no la necesitamos y muchas veces nos hace falta cuando el cultivo la reclama. Nos sobra durante los inviernos —Fenómeno de La Niña— y la dejamos ir; llega el verano —Fenómeno de El Niño— y terminamos mirando al cielo.

El empresario del campo no puede seguir dependiendo del almanaque Bristol, el rosario, la camándula y la estampita de San Isidro Labrador para que le mande agua para la cosecha.

Necesitamos ingeniería, infraestructura y capital.

La cifra es contundente: Colombia tiene 18,4 millones de hectáreas susceptibles de adecuación de tierras y apenas 1,1 millones —el 6 %— cuentan actualmente con ese servicio.

Mi propuesta es poner una primera meta sobre la mesa: llevar esa cobertura al 20 %.

Eso significaría pasar de 1,1 a unos 3,68 millones de hectáreas, incorporando aproximadamente 2,58 millones de nuevas hectáreas con riego, drenaje y protección contra inundaciones.

No se trata simplemente de construir canales. Se trata de transformar tierra en capacidad productiva.

La evidencia internacional es contundente. La FAO señala que apenas el 23 % de las tierras cultivadas del mundo están equipadas para riego, pero esas tierras generan el 48 % del valor de los cultivos. Además, sus rendimientos son, en promedio, 76 % superiores a los de la agricultura de secano.

¿Qué están haciendo nuestros competidores?

Miremos primero a Perú. Olmos convirtió el desierto en un polo agroexportador. Su primera fase permite irrigar hasta 43.500 hectáreas y el proyecto ha movilizado más de US$2.400 millones, incluyendo más de US$2.000 millones invertidos por las empresas usuarias en infraestructura, cultivos y servicios. El Gobierno peruano reporta además más de US$3.000 millones de inversión privada y una producción agrícola anual cercana a US$1.000 millones.

Y no se quedaron ahí. En julio de 2026, Perú inició el proceso para una nueva concesión de Olmos, bajo una iniciativa privada cofinanciada, con una inversión referencial de US$400 millones y un horizonte de operación de 50 años. Participaron 45 empresas nacionales e internacionales.

Chile hizo algo diferente, pero igualmente contundente: creó un sistema permanente de fomento a la inversión privada en riego y drenaje. Su Ley 18.450 permite bonificar hasta el 90 % del costo de determinados proyectos y establece porcentajes diferenciados según el tamaño y tipo de productor.

México, nuestro competidor directo en numerosos mercados agrícolas, puso en marcha un Programa Nacional de Tecnificación de Riego para intervenir más de 200.000 hectáreas y beneficiar a más de 225.000 productores, con una inversión prevista superior a 51.800 millones de pesos mexicanos durante el sexenio.

Brasil tampoco se quedó esperando. Su política combina proyectos públicos de irrigación con asociaciones con el sector privado. Solo los 39 proyectos administrados por Codevasf reportaron en 2024 125.000 hectáreas cultivadas, R$8.150 millones en valor bruto de producción y 356.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

Y Brasil está estructurando nuevas alianzas privadas para infraestructuras, canales, bombas y aductoras, precisamente porque reconoce que el presupuesto público no alcanza para todo.

Paraguay ofrece otra lección. Aunque el 87 % de su tierra laborable corresponde a agricultura de secano, ha construido una política de gestión integral del recurso hídrico para soportar una economía agropecuaria que ya supera los 13 millones de cabezas de ganado y produce millones de toneladas de soya, maíz y arroz.

Y mientras nuestros vecinos avanzan, Venezuela podría convertirse en el próximo competidor a tener en cuenta si se normaliza su economía y se reabren plenamente los mercados. Tiene enormes extensiones agrícolas, recursos hídricos y una infraestructura de riego que la FAO estimaba en más de 759.000 hectáreas equipadas para riego.

Vuelvo a preguntar: ¿y Colombia?

Tenemos tierra, agua, productores y proyectos. Lo que nos ha faltado es convertir todo eso en una política de infraestructura productiva de largo plazo.

Aquí está el punto central: no se trata solamente de pedir más presupuesto público. Se trata de movilizar el capital que ya existe en Colombia y atraer el que existe en el mundo.

La propia UPRA ya elaboró una guía para estructurar proyectos de adecuación de tierras mediante Asociaciones Público-Privadas (APP). Y la Ley 1508 de 2012 ya creó el marco para vincular capital privado a infraestructura pública; incluso establece que las concesiones están comprendidas dentro de los esquemas de APP.

¿Por qué no convocar entonces a empresas públicas con experiencia en grandes sistemas hidráulicos, constructoras, cementeras, siderúrgicas, fabricantes de tuberías, bombas y maquinaria; bancos, fiduciarias, aseguradoras y fondos de infraestructura?

¿Por qué no atraer empresas e inversionistas extranjeros con experiencia en riego, drenaje, almacenamiento y manejo del agua, provenientes de Israel, Países Bajos, España, Estados Unidos y otros países?

El Estado debe planificar, estructurar, cofinanciar cuando sea necesario y garantizar reglas claras. El sector privado puede aportar capital, tecnología, construcción, operación y mantenimiento.
El productor debe participar y pagar por un servicio que le permita producir más y mejor.

El Ministerio de Agricultura, la ADR, la UPRA, la ANT, el DNP, Hacienda, Finagro, Findeter y las CAR tienen aquí una tarea concreta: estructurar un Programa Nacional de Infraestructura Hídrica Productiva, con una meta inicial del 20 % de cobertura.

Debemos empezar por lo que ya tenemos: terminar, complementar y poner a producir los grandes distritos y proyectos que llevan años esperando.

Porque no estamos construyendo simplemente canales, reservorios o drenajes.

Estamos construyendo productividad.

La competencia ya entendió que el agua no puede seguir dependiendo exclusivamente del cielo.

Colombia tiene que entenderlo también.

Porque la seguridad alimentaria no se decreta. Se construye en el territorio.

Empieza por una decisión sencilla, pero trascendental:

dejar de esperar que llueva y aprender, de una vez por todas, a manejar el agua.

@lacoutu.