JUDICIALES, NACIONALES

Interesados en no ser judiciacializados dentro de la organización corrupta habrían eliminado 69 cajas con evidencia que habría sido importante para la investigación

Los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López se habrían apropiado de cerca de 9 mil millones de los 14.163 millones de pesos a los que ascendió el sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable para La Guajira.

Valledupar, 7 de agosto de 2024.– Luego de la investigación de un medio de comunicación, quien denunció y reveló los detalles y pormenores de un entramado corrupto del régimen de Gustavo Petro en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, la Fiscalía se vio obligada a atender la grave denuncia. Es así como, al parecer en sus investigaciones le ha dado los alcances a lo que ha calificado como una organización criminal de la que hacen parte habrían sido protagonistas, al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.

Este miércoles, continuando con el proceso, se llevó a cabo la audiencia ante el Juez 35 con Función de Control Garantías de Bogotá, ante el cual quedó evidente también “la financiación de la campaña electoral, teniendo al papá y al hermano como candidatos, logrando su fin al elegir sangrando el patrimonio de los colombianos”.

Dentro de los detalles del interrogatorio a Olmedo López, quedó claro como con el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González se citaban y se reunían en el Palacio de Nariño, acudiendo siempre dos horas antes de los Consejos de Gobierno, y se citaban solo de voz a voz, es así como, “Todas las reuniones para concretar los contratos y la entrega de sobornos a congresistas se hicieron en el Palacio de Nariño”, acusó en la audiencia la Fiscal encargada del caso.

La Fiscal Antocorrupción encargada del caso, adviertió durante la audiencia, que en la UNGRD existen funcionarios y contratistas que también estarían vinculados a la investigación, que tienen acceso al material probotorio que reposa en la entidad, y que no se encuentra debidamente digitalizado, esto, por la modalidad de contratación, no está tampoco subido a las bases de datos. Solo están en físico, y según la Contraloría General de la Nación, 69 cajas de documentos se están desapareciendo o modificando, situación que es muy grave porque se trata de material probatorio necesario para las investigaciones en curso, relacionadas con este cas0 del desfalco y corrupción en la UNGRD.

Así mismo la Fiscalía General se refirió al papel que habría desempeñado el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y César Manrrique Director de Función Pública en la red criminal montada por Sneyder Pinilla y Olmedo López, dijo que estos ordenaron el direccionamiento de contratos para El Salado y Cotorra, en los cuales estaban interesados indebidamente congresistas de la Comisión Tercera de la Cámara y Senado.

En este sentido también quedó develado según la lectura de la Fiscalía quien asegura que el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González pidió $60 mil millones para el expresidente del Senado Iván Name y $10 mil millones para Andrés Calle, con quienes tenían unos compromisos que debían cumplir porque además, ellos no estaban “caminando”.

La Fiscalía además, sustentó la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en centro de reclusión, contra los tres primeros antes anotados, judicializados por el desfalco a la UNGRD.

En la petición, formulada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, expresó que “La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada” aseguró la fiscal del caso.

Durante la audiencia, el grupo de fiscales a cargo de la investigación presentó los elementos probatorios que respaldan la medida de aseguramiento, de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

“En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública” afirmó la Fiscalía.
“Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad”, agregó la Fiscal.

La bancada de la Fiscalía dejó claro que pese a que se pueda aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, es necesario que se dicte una medida privativa de la libertad. Medida privativa para la que fue solicitada que se lleve a cabo en un cantón militar, dada la vulnerabilidad a la que podrían estar expuestos los procesados.

“(…) Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un preacuerdo, los procesados al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios”.

La investigación desarrollada en una primera fase advierte cómo se creó una banda delincuencial que, se habría apoderado de los contratos de la UNGRD para ser direccionados a contratistas específicos que adquirían el compromiso de entregar a cambio millonarias coimas. Los judicializados López Martínez y Pinilla Álvarez, al parecer, direccionaron 21 órdenes de contratación por valor de 228.884 millones de pesos.

La contratación, presuntamente amañada, se ejecutó en tres grandes eventos. El primero consta del acuerdo entre los exfuncionarios y el contratista López Rosero para recibir 6 contratos. Uno de ellos firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos, vehículos en los que se llevaría agua potable a las comunidades indígenas vulnerables en la Alta Guajira. Según la investigación, en este contrato se presentó una defraudación de 14.163 millones de pesos.

En un segundo evento se habrían entregado contratos a unos amigos de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por 24.238 millones de pesos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024. En un tercer evento se trasladaron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras ANT a la UNGRD para ejecutar siete contratos.

Mientras continúa el avance de esta y otras líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación dirigidas a desarticular la “organización criminal” que se habría apoderado de la contratación en la UNGRD, el Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá adoptará la decisión que corresponda ante la solicitud de medida de aseguramiento formulada contra los imputados López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero.

La audiencia iniciada este miércoles fue suspendida y continuará el próximo sábado 31 de agosto.

Con apoyo de material de prensa de la Fiscalía General de la Nación.