AGRONOTAS

Dentro de estas ventas a terceros de 322 predios de origen baldío y 123 mil hectáreas, la Contraloría se enfila con visible interés  directamente al predio de El Ubérrimo del ExPresidente Álvaro Uribe Vélez

“Es muy fácil investigar El Ubérrimo porque no tengo testaferros y las escrituras han sido de acuerdo con la ley”, afirma Uribe

Otros predios investigados tienen que ver con propiedades del Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, al igual que del ex ministro también de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde

Barranquilla, 9 de mayo 2017.- Este martes la Contraloría General de la República informó mediante documento escrito, y dispuestos al servicio de los medios de comunicación, que solicitó a la Agencia Nacional de Tierras –ANT adelantar las acciones judiciales dirigidas a anular las ventas de predios de presunto origen baldío y en aquellos casos en los que se pueda demostrar acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales.

Afirma el ente de control que tomó la determinación luego de “valorar los informes presentados por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario en los años 2013, 2014 y 2015, sobre 33 casos referentes a 322 predios ubicados los departamentos de Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia”.

Al igual que informó que “los resultados fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, para que dentro del marco de sus competencias determinen si existe responsabilidad penal y/o disciplinaria por parte de funcionarios y/o particulares –según el caso-,  frente al deber institucional de evitar que predios particulares adjudicados originalmente como baldíos fueran vendidos y consolidados en unidades de UAF (Unidad Agrícola Familiar) superiores a las permitidas por la Ley.

Según la Contraloría, esta llevó a cabo “un proceso minucioso” de análisis de los expedientes por parte de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Delegada del Sector Agropecuario, se estableció que dado que las transacciones se derivaron de negocios entre particulares, no es posible imputar a ninguno de estos daño fiscal tal como lo prohíbe expresamente la Ley 610 de 2000.

Adicionalmente explicó que una vez el Estado adjudica los baldíos, éstos salen del patrimonio de la Nación y pasan a formar parte del dominio privado del adjudicatario. A partir de allí, los actos negociales son de carácter privado y escapan al ámbito de acción de este organismo de control, salvo que un juez anule las compraventas por encontrar probada la “mala fe” de los terceros adquirientes.

No obstante, considera el ente de control que si bien no fue posible establecer un detrimento patrimonial respecto de particulares, si es reprochable la PRESUNTA violación de topes establecidos en la Ley, como son la 450 hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar –UAF, establecidos en la Ley 160 de 1994, que están orientados a promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma.

De los 43 casos que entraron a análisis de la Dirección de Vigilancia Fiscal, aún queda por resolver la situación de 10, que concentran 183 predios, que equivalen a 199.871.43 hectáreas.

Los 33 casos de predios de origen baldío analizados y cerrados desde el punto de vista fiscal en la Contraloría, y puestos en conocimiento de las autoridades competentes, equivalen a 322 predios, para un total de 123.482.89 hectáreas, y presenta un listado en el que pone a encabezar un predio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que indicaría un presunto interés de espectacularidad o también podría ser de persecución debido a que el Ex Mandatario respondió de inmediato desde su cuenta de tuitter que “Es muy fácil investigar El Uberrimo porque no tengo testaferros y las escrituras han sido de acuerdo con la ley”.