ECONOMICAS, REGIONALES

La decisión obliga al Ministerio de Minas y a la Creg a modificar el esquema tarifario vigente y adoptar cambios regulatorios para disminuir el impacto económico que enfrentan los usuarios del servicio eléctrico.

Barranquilla, 26 de junio de 2026. Los habitantes de la región Caribe obtuvieron un nuevo respaldo judicial en la controversia por el alto costo de la energía. El Consejo de Estado confirmó el fallo que ordena implementar modificaciones en el sistema tarifario aplicado desde hace varios años, con el propósito de aliviar el valor que pagan los usuarios por el servicio.

La determinación deja sin efecto las apelaciones presentadas por el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la empresa Air-e, por lo que las órdenes impartidas por la justicia administrativa deberán cumplirse.

El pronunciamiento establece que el Gobierno nacional y la Creg deberán revisar y ajustar las fórmulas utilizadas para calcular las tarifas de energía en la región Caribe.

Uno de los principales cambios consiste en desmontar el régimen tarifario especial que comenzó a aplicarse en 2019 y que permitió trasladar a los usuarios parte de los costos derivados de las pérdidas de energía ocasionadas por conexiones ilegales, fraude y otras deficiencias del sistema, especialmente mediante el cargo de comercialización.

Con la decisión, se busca evitar que esos costos continúen impactando de manera desproporcionada las facturas de los hogares y empresas de la región.

Además de la revisión del esquema tarifario, la sentencia obliga a la Creg a impulsar medidas regulatorias para actualizar la infraestructura de medición del servicio eléctrico.

El objetivo es contar con sistemas más precisos que permitan establecer con exactitud las pérdidas reales de energía y evitar que se incluyan en la tarifa valores superiores a los efectivamente registrados.

Las autoridades deberán adoptar los ajustes necesarios para que el modelo de cobro se acerque a los estándares que rigen en el resto del país.

La decisión judicial tiene origen en una acción popular promovida por los personeros distritales de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, y de Santa Marta, Edward Orozco.

Los funcionarios solicitaron eliminar el régimen especial implementado en 2019 al considerar que incrementó el cargo de comercialización que pagan los usuarios del Caribe y terminó elevando el costo del servicio eléctrico.

Aunque el Ministerio de Minas, Air-e y la Creg argumentaron durante el proceso que eliminar ese esquema podía afectar la sostenibilidad financiera del servicio, el Consejo de Estado confirmó la sentencia emitida previamente por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Con este fallo definitivo, las entidades responsables deberán avanzar en la implementación de las medidas ordenadas por la justicia para modificar el régimen tarifario y reducir el impacto que las tarifas han tenido sobre los usuarios de la región Caribe.