COLUMNISTAS

Nunca una protesta en Colombia había generado tanta expectativa y temor, como la anunciada para el próximo 21 de noviembre. No es para menos.

Ante los ojos del mundo, América Latina está siendo sacudida por un fenómeno de turbulencia social que nos conecta con la estrategia de “inversión revolucionaria” del socialismo del siglo XXI. Y lo más aterrador, es que lograron estremecer la institucionalidad chilena, cuyos indicadores económicos superan a muchos países desarrollados.

Meses atrás, el dictador venezolano Nicolás Maduro había advertido de una “contraofensiva de los pueblos de América Latina y el Caribe”, que se fundamentó en la generación de un movimiento transversal para promover la intimidación y desestabilizar el continente.

“Se cumplió la profecía de Salvador Allende y Víctor Jara, las anchas alamedas se han abierto, por ellas pasan los hombres y las mujeres libres que se rebelan contra el neoliberalismo que oprime y genera desigualdad” dijo en su momento Maduro, al anunciar el futuro oscuro que le esperaba a Chile – y por qué no, a toda la región- por cuenta de los planes trazados desde el Foro de Sao Paulo.

Las protestas, solo en ese país, sumido en casi un mes de caos y declarado en estado de emergencia, han dejado 20 personas muertas y más de 2 mil heridas, sin contar con los gravísimos daños causados a la infraestructura, como el sistema del metro.

Hemos sido ingenuos al pensar que desde Cuba y Venezuela la barbarie del castro-chavismo no tocaría las fibras más sensibles de sociedades que parecían haber cerrado definitivamente el capítulo del comunismo, como una lección aprendida.

La verdad es otra: minorías de izquierda, unidas a los anarquistas, encontraron nuevamente en el discurso de odio la mejor herramienta para subvertir el orden en sociedades que continúan siendo vulnerables a la hipnosis colectiva; convirtiendo en campo fértil el renacimiento de movimientos que mutan en grupos de choque con investidura estudiantil y “protesta social”.

No estamos lejos de tan oscuro panorama. Si bien la Constitución Política de Colombia señala que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”, es contradictorio que la libertad de expresión se convierta en una forma de intimidación para quienes no hacen parte de las movilizaciones.

Ya lo vivimos en jornadas anteriores. Lo que se anunciaba como una movilización pacífica, terminó en la destrucción de bienes públicos que finalmente pagamos todos los colombianos con nuestros impuestos.

A esto se suman hechos preocupantes recientes como la identificación, por parte de Migración Colombia, de 11 extranjeros provenientes de Venezuela, Chile y España, que pretendían infiltrar las marchas del próximo 21 de noviembre, tal y como lo han hecho en otros países.

También enciende las alarmas la intimidación de grupos delincuenciales en al menos cinco departamentos, que estarían obligando a menores de edad a cometer actos vandálicos contra el Estado y las autoridades, amenazándolos de atentar contra su vida y la de sus familias si no participan en las manifestaciones.

La promoción de la protesta sin causas justificables, con líderes “invisibles” y además, financiada por quienes promueven la subversión del orden legal, nos obliga a replantear la defensa de la seguridad de los colombianos de bien.

Subestimar los alcances de sus acciones violentas no es de recibo;  debemos rodear a la Fuerza Pública, exigir la judicialización de los vándalos y unirnos contra ésta nueva estrategia de combinación de formas de lucha, inspirada por el viejo marxismo dialéctico, revestido con un traje nuevo de marxismo cultural.