COLUMNISTAS

Hay decisiones judiciales que generan debate. Otras generan desconcierto. Y algunas, como la reciente determinación del Tribunal de Bogotá contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, terminan produciendo una mezcla de incredulidad, preocupación y una inevitable sensación de que la política se ha colado peligrosamente en escenarios donde debería reinar exclusivamente la ley.

La providencia que restringe el uso de símbolos patrios y del eslogan “Firme por la Patria” constituye uno de esos episodios que difícilmente logran explicarse desde el sentido común ciudadano.
Porque vale la pena preguntarlo: ¿desde cuándo la patria tiene dueño? ¿Quién decidió que la bandera, el escudo o los colores nacionales dejaron de ser patrimonio de todos los colombianos para convertirse en elementos cuyo uso debe ser vigilado por los tribunales?

El asunto trasciende la figura de Abelardo de la Espriella. Lo preocupante es el precedente.
Si un candidato no puede utilizar una expresión tan elemental como “Firme por la Patria”, mañana otro podría ser cuestionado por hablar de libertad, de democracia o de justicia social. Cuando los conceptos nacionales comienzan a ser sometidos al filtro de interpretaciones políticas, la democracia entra en un terreno peligroso.
Y precisamente allí radica la gravedad del asunto.

Durante los últimos años hemos visto cómo Colombia se ha sumergido en una polarización cada vez más profunda. Las instituciones deberían actuar como puentes para disminuir esa confrontación. Sin embargo, decisiones como esta parecen producir exactamente el efecto contrario: alimentar la percepción de que algunos organismos terminan participando indirectamente en la disputa política.

No se trata de desconocer la autonomía judicial. Se trata de cuestionar razonablemente decisiones que generan dudas legítimas en una sociedad democrática.

Muchos ciudadanos observan con asombro cómo el aparato institucional parece reaccionar con una velocidad admirable cuando se trata de revisar una camiseta, una bandera o un eslogan electoral, mientras los grandes problemas nacionales continúan esperando respuestas efectivas.

La inseguridad avanza.
La corrupción sigue produciendo escándalos.
Las economías criminales fortalecen su presencia en distintas regiones.
La crisis social golpea a miles de familias.
Pero el debate nacional termina concentrado en si un candidato puede o no puede decir que está “Firme por la Patria”.

El contraste resulta casi caricaturesco.
Más llamativo aún es que la medida surge en un momento donde Abelardo de la Espriella ha logrado consolidar un importante respaldo ciudadano. Cerca del 44% de los votantes que participaron en la consulta reciente respaldaron una propuesta que hoy despierta expectativas en amplios sectores del país.

Por eso muchos colombianos interpretan esta decisión como algo más que un simple fallo jurídico.
La sospecha de motivaciones políticas comienza inevitablemente a tomar fuerza.
Y cuando la ciudadanía empieza a desconfiar de la imparcialidad de las instituciones, el daño institucional puede ser enorme.

La democracia no se fortalece limitando símbolos nacionales. Se fortalece garantizando igualdad de condiciones para todos los actores políticos. Se fortalece permitiendo que las ideas compitan libremente ante los ciudadanos y sean las urnas, y no las interpretaciones ideológicas, las que definan los resultados.

La patria no pertenece a los gobiernos.
No pertenece a los partidos.
No pertenece a los jueces.
La patria pertenece a los colombianos.

Y resulta preocupante que en la Colombia de hoy algunos parezcan considerar riesgoso que un candidato la mencione, la invoque o la convierta en bandera de su proyecto político.
Quizás el verdadero problema no sea el uso de los símbolos patrios.
Quizás el verdadero temor radique en lo que esos símbolos representan para millones de ciudadanos que anhelan un rumbo distinto para el país.
Porque cuando la bandera comienza a incomodar a ciertos sectores del poder, la discusión deja de ser jurídica y se convierte inevitablemente en política.
Y esa es precisamente la preocupación que hoy comparten millones de colombianos.