CONGRESO

El representante a la Cámara por Bogotá, David Cote, radicó una Ley Estatutaria para proteger la protesta pacífica y combatir los actos de violencia durante las manifestaciones.

La iniciativa busca garantizar los derechos de quienes protestan, pero también de quienes necesitan movilizarse, trabajar, estudiar o acceder a servicios de salud.

El proyecto contempla corredores humanitarios, protección de infraestructura esencial y mecanismos para identificar y sancionar a los responsables de actos vandálicos.

Valledupar, 23 de julio de 2026.- El representante a la Cámara por Bogotá, David Cote, radicó un Proyecto de Ley Estatutaria que busca proteger el derecho fundamental a la manifestación pública y la protesta pacífica, al tiempo que establece mecanismos para prevenir y responder frente a actos de violencia, vandalismo, saqueo y afectaciones graves a terceros.

“La protesta pacífica merece todas las garantías constitucionales. Lo que este proyecto plantea es que la violencia, los saqueos, los bloqueos que ponen en riesgo la vida de las personas y los ataques contra bienes públicos o privados no pueden quedar amparados bajo el mismo concepto de protesta”, señaló Cote.
Con el propósito de fortalecer las garantías democráticas y brindar reglas claras para la convivencia ciudadana, la iniciativa establece herramientas para proteger tanto el derecho a la protesta como los derechos fundamentales de millones de colombianos que no participan en las manifestaciones.

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentran garantizar la protesta pacífica como una expresión legítima de participación ciudadana y control democrático; proteger los derechos de terceros, incluyendo el acceso a servicios de salud, movilidad, abastecimiento y atención de emergencias; establecer mecanismos de prevención e intervención frente a actos de violencia, vandalismo, saqueo y afectación de infraestructura esencial; garantizar corredores humanitarios y condiciones mínimas para la prestación de servicios esenciales durante jornadas de protesta; y fortalecer los mecanismos de identificación de responsables y reparación de daños ocasionados a bienes públicos y privados.

El proyecto también contempla herramientas de coordinación institucional, protección de terceros, sistemas de información y mecanismos de respuesta inmediata frente a situaciones que puedan poner en riesgo derechos fundamentales de la ciudadanía.

La iniciativa surge en respuesta a las graves afectaciones registradas en Bogotá durante las jornadas de protesta de los últimos años.Solo entre abril y junio de 2021, los daños ocasionados a la infraestructura de movilidad de la ciudad fueron estimados en más de $6.900 millones, incluyendo afectaciones a semáforos, cámaras de tránsito y otros elementos estratégicos de la red vial.

Durante ese mismo periodo, se registraron daños en 139 estaciones de TransMilenio y más de 1.000 buses del sistema troncal y zonal, afectando la movilidad de cerca de 2,5 millones de usuarios.

De acuerdo con cifras de la Personería de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, las pérdidas ocasionadas a bienes e infraestructura pública superaron los $34.000 millones, de los cuales aproximadamente $21.000 millones correspondieron únicamente a daños en TransMilenio.

A pesar de la magnitud de estas afectaciones, la identificación y judicialización de los responsables ha sido limitada frente al impacto generado sobre la ciudadanía y el patrimonio público, situación que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta institucional y reparación contemplados en esta iniciativa legislativa.

“Defender la protesta pacífica no significa tolerar la violencia. Los derechos de quienes se manifiestan deben coexistir con los derechos de quienes necesitan trabajar, movilizarse, estudiar o acceder a servicios médicos. Esa es la esencia de esta iniciativa”, señaló Cote.