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Barranquilla, 16 de junio de 2020.- Luego de reunirse con familias de víctimas de uniformados de la Policía, el Presidente Trump, tal como lo había dicho desde el principio y había rechazado el exceso de la Fuerza, firmó este martes una orden ejecutiva que no obstante mejorar las condiciones, defiende a la Policía. Donald Trump reconoce que hay exceso al corregir con su Orden Ejecutiva, pero no destituirá la fuerza Policía como buscaban los manifestantes violentos de la izquierda, antes lo que llama es a fomentar lazos más estrechos entre la policía y las comunidades a las que sirve.

Son 5 puntos claros y estratégicos en los que interviene con esta Orden Ejecutiva que en adelante se prohíbe la llave de estrangulamiento excepto cuando esté en peligro la vida del Oficial de Policía. Los uniformados en adelante deberán certificarse con nuevas habilidades a través de la Procuraduría General. Las medidas también incluye el rastreo a través de una base de datos de uniformados con mala conducta para que no puedan vincularse a otros entes policiales de otros estados. Al igual que asigna fondos de subvenciones discrecionales del Departamento de Justicia destinados a las las Agencias Policiales estatales y locales que han buscado o están en el proceso de búsqueda de credenciales apropiadas de un organismo de acreditación independiente de buena reputación. certificado por el fiscal general, quienes serán a su vez certificadas únicamente por la Procuraduría.

Trump recordó que ni Barack Obama ni Joe Baiden hicieron nada por los afrodescendientes respecto a mejorar las condiciones respecto de ellos durante los 8 años que estuvo al frente del Gobierno de los Estados Unidos. “Muchos de los mismos políticos que ahora se presentan como la solución son los mismos que han fallado durante décadas en las escuelas, el trabajo, la justicia y el crimen”, enfatizó.

“Reducir el crimen y elevar los estándares no son objetivos opuestos. No son mutuamente exclusivos. Trabajan juntos.”

Las medidas adoptadas por el Presidente Donald Trump, dejan de presente especialmente que como estadounidense tiene claro que todas las personas son creadas iguales y dotadas de los derechos inalienables a la vida y la libertad. Un propósito fundamental del gobierno es asegurar estos derechos inalienables. Recordando además que los agentes de la ley federales, estatales, locales, tribales y territoriales ponen en riesgo sus vidas todos los días para garantizar la preservación de estos derechos.

Al tiempo que recuerda como los agentes de la ley brindan la protección esencial que todos los estadounidenses requieren para criar a sus familias y llevar una vida productiva. La relación entre los conciudadanos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es un elemento importante en su capacidad para proporcionar esa protección. Al trabajar directamente con sus comunidades, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ayudar a fomentar un entorno seguro donde todos puedan prosperar.

No obstante reconoce que existen casos en que algunos oficiales han abusado de su autoridad, desafiando la confianza del pueblo estadounidense, con consecuencias ya conocidas para las víctimas individuales, sus comunidades y en general para el país.

Las decisiones del mandatario obedecen a la Constitución que señala enfáticamente que por lo que advirtió en este orden que todos los estadounidenses tienen derecho a vivir con la confianza de que los agentes de la ley y las agencias en sus comunidades estarán a la altura de los ideales del país de proteger los derechos de todas las personas. Particularmente en las comunidades afroamericanas, se deberá redoblar los esfuerzos como nación para abordar rápidamente los casos de mala conducta.

Enfatizó en que los líderes federales, estatales, locales, tribales y territoriales deben actuar para que las agencias policiales estatales y locales evalúen y mejoren constantemente sus prácticas y políticas para asegurarse que y permitir la identificación y corrección de deficiencias

Atendiendo a lo ordenado, el Procurador General deberá, según corresponda y de conformidad con la ley aplicable, asignar fondos de subvenciones discrecionales del Departamento de Justicia a las agencias policiales estatales y locales que se dispongan para ese cambio.

Igualmente sobre este aspecto más explicitamente dijo y así quedó consignado en que “la base de datos estará a cargo del Procurador General quien coordinara el intercambio de información entre todas las agencias de aplicación de la ley federales, estatales, locales, tribales y territoriales sobre casos de uso excesivo de la fuerza relacionados con asuntos de aplicación de la ley, que represente la privacidad aplicable y derechos de debido proceso. La base de datos estará descrita en la subsección que  incluirá un mecanismo para rastrear, según sea permisible, las terminaciones o descertificación de algún funcionario encargado de hacer cumplir la ley, las condenas penales de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por conducta en servicio y los juicios civiles contra agentes del orden público por uso indebido de la fuerza. La base de datos descrita en la subsección de esta sección deberá tener en cuenta los casos en que un oficial de la ley renuncia o se retira mientras está bajo investigación activa relacionada con el uso de la fuerza. El Procurador General tomará las medidas adecuadas para garantizar que la información en la base de datos consista solo en instancias en las que los agentes de la ley obtuvieron un proceso justo”.

La orden también ayudaría a los departamentos a asegurar armas menos que letales que pueden ayudar a reducir la cantidad de encuentros fatales con la policía, y ordenaría que los departamentos compartan información sobre los oficiales acusados ​​de abusar del poder “para que los oficiales con problemas creíbles no se muevan simplemente de un departamento de policía al siguiente”.

Igualmente incluyó un capituló que trata sobre los casos en los cuales le corresponda a la Policía actuar cuando se trate de personas con problemas de Salud Mental, adicción y o falta de vivienda. Habrá confidencial a los servicios de salud mental para los agentes del orden. El Secretario de Salud y Servicios Humanos, en coordinación con el Fiscal General y el Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, priorizará los recursos, según corresponda, para implementar modelos de apoyo comunitario en estos temas además de examinar los modelos de apoyo comunitario que abordan la salud mental, la falta de vivienda y la adicción.