CIUDADES Y DISTRITOS

Añadió que de igual manera “esta providencia dejó en firme la suspensión temporal de los efectos de las decisiones administrativas que permitieron el inicio de las obras, entre ellas las resoluciones de la Curaduría Urbana No 1 de Cartagena que concedieron las licencias de construcción de las diferentes etapas del proyecto urbanístico a la Promotora Calle  47 SAS”.

Añade la Procuraduría General de la Nación que “el tribunal Administrativo de Bolívar el Curador Urbano No 1 de Cartagena no cumplió con su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del barrio sobre el que se construye el proyecto, así como el uso y tratamiento exacto que tiene el predio dentro del POT de la ciudad, ya que en algunos documentos consignó que es de conservación urbanística y luego sin motivación jurídica, razonable y técnica, cambió su concepto para indicar que su uso es de renovación urbana”.

Señala además que según “el concepto de los magistrados del Tribunal, la decisión de la primera instancia resulta acertada porque el Curador Urbano No 1 de Cartagena debía ser muy cuidadoso al momento de expedir las licencias urbanísticas que aprobaron la construcción de un proyecto de la magnitud de Aquarela, porque a su alrededor se encuentra ubicado un bien declarado patrimonio histórico de la humanidad como el Castillo de San Felipe, que debe ser salvaguardado y protegido por todas las autoridades y las personas en general”.

Por esa razón el Tribunal confirmó las medidas cautelares adoptadas el 6 de diciembre pasado por el juez de primera instancia, al estar amenazados los derechos colectivos al patrimonio cultural de la Nación, la moralidad administrativa, el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada.

Finalmente expresa que “en su momento, al coadyuvar la solicitud del Ministerio de Cultura de medidas cautelares sobre la construcción, la Procuraduría General de la Nación pidió la suspensión de las obras por la afectación al patrimonio cultural de la Nación”, y para “evitar un grave perjuicio a las familias que puedan adquirir de buena fe los apartamentos, ya que de prosperar las pretensiones que se invocan en el presente proceso podrían verse afectados sus derechos, incluso fundamentales, con lo cual se crearía un escenario más difícil y complejo de resolver”.