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Se trata además de no seguir con el cuento de la “verificación” de la “Reforma Rural” del falso acuerdo entre Santos y las Farc

La propuesta del canciller ante el Consejo de Seguridad desata polémica nacional

Valledupar, 12 de octubre de 2026.- En una intervención que no pasó desapercibida, para quienes estan a favor del comunismo globalsta, y no en favor del pueblo sufrido de Colombia, el país pidió formalmentela durante la sesión del Consejo de Seguridad, revisar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en el país.

El organismo multilateral que durante la sesión del este lunes del Consejo de Seguridad dedicada al balance del Falso Acuerdo firmado entre Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las Farc,  2016, contó con la intervención del canciller Omar Bula Escobar, quien luego de entregar un balance a 10 años de la implementeción, expresó: “Tenemos la responsabilidad moral e histórica de evaluar sus resultados y reconocer, sin excusas, las fallas estructurales que han impedido alcanzar una paz estable y duradera”.

Aseguró el Canciller Bula que, aunque el Gobierno respeta el derecho internacional y reconoce según dijo “avances alcanzados” con el Acuerdo de Paz, esto no le impide revisar rigurosamente el cumplimiento de lo pactado.

“Y reconocer sin excusas las fallas estructurales y los desafíos que aún persisten y que han impedido alcanzar una paz real y duradera (…) La promoción ideológica e internacional del Acuerdo de Paz como un evento ejemplar, digno de imitación, no se refleja en las cifras ni en la realidad que este Gobierno encontró y está enfrentando”, afirmó Bula.

Bula fue directo: la ONU debe seguir verificando, pero no todo.

Según explicó, la misión debe concentrarse en lo que llamó el principio básico de “sin seguridad no hay paz”, es decir, en la reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP y en las garantías de seguridad para su tránsito a la vida civil. Para el Gobierno, eso sí justifica la continuidad de la verificación internacional.

Lo que no, es la reforma rural integral.

Para el gobierno de Colombia, ese punto tiene una naturaleza distinta. No es un asunto de verificación de un acuerdo, sino una política pública estructural, de largo plazo y multisectorial, que incluye acceso a tierras, formalización de la propiedad y desarrollo productivo para el campesinado. Y eso, sostuvo, es responsabilidad exclusiva del Estado colombiano y debe integrarse a su institucionalidad permanente, no a una misión temporal.

“Lo que se propone no es modificar la obligación sustantiva del Estado ni el apoyo a nuestros socios, sino el mecanismo extraordinario de verificación”, aclaró Bula ante los 15 miembros del Consejo.

No obstante el balance que entregó el Canciller Omar Bula sobre el espurio acuerdo entre Santos y las FARC, que por mayoría los colombianos lo rechazaron en el plebiscito, y que además se ha incumplido por el grupo terrorista, y no ha ofrecido ningún resultado para los colombianos, países como Francia, Rusia, Panamá e incluso Estados Unidos respaldaron la continuidad del proceso y los supuestos logros que se han conseguido tras una década de su firma. Por otro lado, Dinamarca pidió que se mantenga el mandato de la Misión sobre el punto de la reforma rural integral.

Y como era de esperaese respuesta de la ONU en la misma sesión, el representante especial del Secretario General, Miroslav Jenča, le pidió al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella que concrete cómo piensa implementar el Acuerdo, pues si bien ha manifestado su intención de cumplir, “aún no ha definido plenamente su enfoque”.

Jenča recordó que el secretario general António Guterres ya había advertido sobre riesgos tras el giro en la política de seguridad del nuevo gobierno, que puso fin a los diálogos con grupos armados ilegales y aumentó las operaciones militares. A casi diez años de la firma, las disidencias pasaron de 15.000 a 28.000 integrantes.

La propuesta hay algunos que no les ha gustado, Los exministros Juan Camilo Restrepo y Humberto de la Calle calificaron la iniciativa de “sorprendente e inexplicable”, al advertir que la reforma rural no fue pactada para beneficiar a las FARC, sino para cerrar la brecha histórica del campo colombiano.

La decisión final queda ahora en manos del Consejo de Seguridad.