POLITICA

Barranquilla, 23 de noviembre de 2018.- El Consejo de Estado dejó este jueves en firme la sanción de la Contraloría Distrital de Bogotá contra el hoy senador de la república Gustavo Petro Urrego por 215 mil millones de pesos por hechos que fueron perpetrados mientras estuvo en el ejercicio de su cargo como alcalde de Bogotá.

A esta sanción interpuesta por la Contraloría al declararlo responsable fiscal ante el daño causado a los bogotanos fue confirmada por el Consejo de Estado.

El contralor Distrital, Juan Carlos Granados, explicó que el fallo que tenía primera y segunda instancia ante la Contraloría, pasó a su superior jerárquico, que es el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca, donde estudia la legalidad de la decisión adoptada por la Contraloría. En días pasado el Tribunal suspendió los efectos del fallo, no obstante llegó al Consejo de Estado, donde este confirma que efectivamente el fallo contra Petro Urrego, adoptado por el ente de control fiscal fue correcto, contradiciendo al Tribunal, por lo que la decisión de la Contraloría, entra a tener todo el vigor de la ley.

Por lo anterior, le corresponde a Gustavo Petro, pagar la alta sanción cometida contra los intereses de los ciudadanos del Distrito Capital, debido a que quedó vigente, no obstante tiene un recurso de reposición ante el Consejo de Estado, la máxima autoridad administrativa.

Lo anterior tiene a Gustavo Petro expuesto a salir del Senado de la República debido a que no podía asumir como senador o pagar la deuda fiscal por el valor sancionado.

El Contralor afirmó que le corresponde al ente perseguir a quien hace daño al patrimonio, además sancionar. Añadió que todas estas sanciones se desprenden de casos que vienen con anterioridad al haber asumido el cargo.

Es así como es importante destacar que los casos por los cuales es sancionado Petro, se desprenden del daño ocasionado por 213 mil millones de pesos en el caso Transmilenio. Otra sanción corresponde al de los camiones compactadores de la basura por 49 mil millones, y una multa adicional referente el Aseo impuesta por la Superintendencia, por valor de 91 mil millones de pesos. Quedaría incluido para no poder tomar posesión en cargos públicos al igual que tampoco podrá contratar con el estado.