JUSTICIA, REGIONALES

El órgano de control abrió un proceso disciplinario contra ministros, exministros, superintendentes y otros exfuncionarios por no cumplir con un mandato de la Corte Constitucional emitido hace ocho años, que buscaba garantizar los derechos de la comunidad Wayuu en La Guajira.

Valledupar, 16 de octubre de 2025.- La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra más de 40 funcionarios y exfuncionarios por presunto incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional para proteger a la comunidad Wayuu.

La medida surge tras la falta de avance en la creación y puesta en marcha del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas ordenado por la Sentencia T-302 de 2017, con la cual el alto tribunal declaró un “estado de cosas inconstitucional” en La Guajira, debido a la grave crisis humanitaria que afecta a esta población indígena.

Según el procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez, aunque en 2024 el gobierno expidió un decreto para establecer dicho mecanismo, “no se han adoptado las acciones necesarias para hacerlo efectivo”. Por ello, la entidad consideró que existe un presunto incumplimiento de los deberes de los servidores públicos encargados de ejecutar la orden.

En la lista de investigados figuran el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la excanciller Laura Sarabia, el exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez, y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), Olmedo López, así como otros funcionarios vinculados al reciente escándalo de esa entidad.

También aparecen nombres como Susana Muhamad, Jonathan Malagón, Ana María Palau, Cielo Rusinque y Fabio Aristizábal, además de las últimas tres directoras del ICBF, los tres últimos gobernadores de La Guajira, y varios exalcaldes de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha.

La Procuraduría señaló que continuará recaudando pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada funcionario y decidir si procede la imposición de sanciones disciplinarias. Con esta actuación, el ente de control busca esclarecer por qué, ocho años después del fallo, la situación de vulnerabilidad del pueblo Wayuu sigue sin resolverse.