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El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sacudido los cimientos del gobierno colombiano, revelando una red de irregularidades que ha llevado a la destitución y encarcelamiento de varios altos funcionarios. Sin embargo, a pesar de las múltiples sanciones y preacuerdos, la pregunta persiste: ¿quién dio la orden?

Las investigaciones han puesto al descubierto un entramado de corrupción que involucra a ex directivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han sido inhabilitados por 18 y 20 años respectivamente debido a su participación en la compra irregular de 40 carrotanques destinados a La Guajira, con sobrecostos cercanos a 16.000 millones de pesos. Además, se han abierto investigaciones a nueve congresistas, señalados por el propio Pinilla de estar implicados en el desvío de fondos.

La magnitud del desfalco es alarmante. La Contraloría General de la República ha identificado irregularidades en contratos de la UNGRD por cerca de 5 billones de pesos, abarcando los años 2021 a 2024. Este periodo comprende tanto la administración anterior como la actual, lo que indica que la corrupción es un problema sistémico que trasciende gobiernos.

Recientemente, se conoció que el abogado Edgard Riveros Rey, ex defensor de Luis Carlos Barreto Gantiva, intentó sobornar a Olmedo López con 13.000 millones de pesos para modificar sus declaraciones ante la Fiscalía. Este hecho subraya la profundidad de la corrupción y la desesperación por encubrir a los verdaderos responsables.

A pesar de las múltiples cabezas que han rodado, la ciudadanía sigue sin respuestas claras. La renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en medio de este escándalo, añade más incertidumbre sobre la implicación de altos mandos en el gobierno. La falta de transparencia y la ausencia de una rendición de cuentas efectiva generan desconfianza en las instituciones y en la capacidad del gobierno para enfrentar la corrupción.

Es imperativo que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, sin importar cuán alto lleguen en la jerarquía del poder. La justicia no puede conformarse con chivos expiatorios; debe identificar y sancionar a quienes dieron las órdenes y se beneficiaron de estos actos ilícitos. Solo así se podrá restaurar la confianza en las instituciones y demostrar que, en Colombia, la corrupción no quedará impune. Lo único que esperamos los colombianos es que al final de todo este novelón de corrupción no salgan con el ya conocido: todo fue a mis espaldas, o en el peor de los casos, que la culpa fue de la vaca”.