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COSTA NOTICIAS

Segunda entrega de la serie “Agenda para la Competitividad del Agro Colombiano”. Por: Miguel Ángel Lacouture

La semana anterior planteé una pregunta que generó debate entre productores, empresarios, académicos y dirigentes gremiales:

¿Quién protege el ingreso del productor colombiano cuando cae el dólar?

Las respuestas fueron diversas. Algunas defendieron, con razón, el comportamiento natural de una economía abierta; otras recordaron la existencia de instrumentos de cobertura cambiaria; incluso hubo quienes señalaron que un dólar más barato reduce el costo de algunos insumos importados.

Todas esas apreciaciones tienen parte de razón.

Sin embargo, después de escuchar los distintos argumentos, llegué a una conclusión:

El verdadero problema del agro colombiano no es el dólar.

El verdadero problema es que Colombia continúa enfrentando los desafíos del campo como coyunturas aisladas, mientras las grandes potencias agroexportadoras decidieron hace décadas convertir la competitividad en una política permanente de Estado.

Ahí está la diferencia.

Brasil no construyó su liderazgo agroexportador esperando un dólar favorable. Lo hizo mediante una estrategia sostenida de inversión en investigación, innovación, crédito rural, infraestructura, sanidad y desarrollo tecnológico.

La Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), uno de los motores de esa transformación, es una muestra de ello: en 2024 ejecutó un presupuesto cercano a 4,1 billones de reales, desarrolló más de mil proyectos de investigación e innovación y entregó nuevas soluciones tecnológicas al sector productivo.

No fue casualidad. Fue una decisión del Estado.

Hoy Brasil es una potencia mundial de alimentos porque entendió que la competitividad comienza mucho antes de llegar a los mercados internacionales: comienza en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Referencia en Colombia: AGROSAVIA

 Australia y Nueva Zelanda siguieron caminos diferentes, pero llegaron a la misma conclusión: el productor no necesita que el Estado lo aísle del mercado; necesita instituciones capaces de darle herramientas para competir exitosamente dentro de él.

 Por eso fortalecieron su sanidad animal, su logística, la apertura de mercados y los mecanismos de administración del riesgo.

La Unión Europea también deja una enseñanza que muchas veces simplificamos. La Política Agrícola Común (PAC) no es solamente un sistema de subsidios; es una estrategia de largo plazo que brinda estabilidad, promueve innovación, administra riesgos y permite que millones de productores planifiquen sus inversiones.

En todos estos casos existe un elemento común:

La competitividad dejó de depender del gobierno de turno. Se convirtió en una política de Estado.

Entonces surge la pregunta inevitable:

¿Qué tiene Colombia?

Mi respuesta es optimista.

Tenemos empresarios rurales extraordinarios. Durante los últimos años han demostrado una resiliencia pocas veces reconocida. Han enfrentado incertidumbre jurídica, fenómenos climáticos extremos como El Niño y La Niña, altos costos de producción, dificultades logísticas, pérdida de mercados y una fuerte volatilidad cambiaria.

Y aun así continuaron produciendo, invirtiendo y exportando.

Ese mérito pertenece exclusivamente a quienes trabajan todos los días en el campo colombiano.

La resiliencia, por admirable que sea, no puede seguir siendo la principal política agropecuaria del Estado.

Colombia tiene instituciones valiosas: Ministerio de Agricultura, Banco Agrario, Finagro, Agrosavia, ICA, ProColombia, Planeación Nacional y gremios con enorme experiencia.

Tenemos las piezas.

Lo que aún no tenemos es el sistema.

Es momento de construir una Política Nacional para la Competitividad Agroexportadora, concebida como una política de Estado y no como un programa de gobierno.

Una estrategia que articule al Banco de la República, los ministerios de Hacienda, Comercio y Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, Finagro, el Banco Agrario, ProColombia y los gremios productivos alrededor de un objetivo común:

 proteger la competitividad del ingreso rural y fortalecer la capacidad exportadora de Colombia.

Esta política debe sustentarse en cinco pilares:

Primero, una estrategia moderna de administración del riesgo, incluyendo coberturas cambiarias y mecanismos de estabilización del ingreso exportador.

Segundo, crédito competitivo de largo plazo para impulsar productividad, innovación y transformación tecnológica.

Tercero, infraestructura y logística que reduzcan costos y acerquen al productor a los mercados.

Cuarto, fortalecimiento sanitario y diplomacia comercial para abrir nuevas oportunidades internacionales.

Quinto, estabilidad jurídica e institucional que permita inversiones de largo plazo.

No proponemos intervenir el mercado cambiario ni establecer un dólar preferencial.

Vamos más allá: construir una política pública que proteja la competitividad de quienes generan las divisas que fortalecen la economía colombiana.

Mientras Colombia sigue discutiendo el precio del dólar, las grandes potencias agroexportadoras invierten en aquello que nunca pierde valor:

El conocimiento, las instituciones y la competitividad de sus productores.

Las grandes potencias agroexportadoras no nacieron de una buena cosecha ni de un dólar alto.

 Nacieron de decisiones institucionales capaces de sobrevivir a los gobiernos.

 La resiliencia del productor colombiano ha sido extraordinaria.

 Ahora llegó el momento de que esa resiliencia sea acompañada por la resiliencia de las instituciones del Estado.

@lacoutu

Nota: si hay espacio para publicar propongo hacer parte de la columna estas propuestas y fuentes.

(Si parece muy extenso el texto no hay problemas en dejar de publicar esta parte adicional)

Propuesta para el debate nacional

Colombia necesita iniciar la construcción de una Política Nacional para la Competitividad Agroexportadora, liderada por el Gobierno Nacional y articulada entre el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura, Finagro, el Banco Agrario y los gremios del sector productivo.

Su propósito debe ser fortalecer la competitividad del agro colombiano, administrar integralmente los riesgos que enfrentan los exportadores y garantizar que el crecimiento de las exportaciones se traduzca en mayores ingresos para quienes producen desde el campo.

Fuentes para el debate

Banco de la República; DANE; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Finagro; FAO; OCDE; Banco Mundial; Organización Mundial del Comercio (OMC); Comisión Europea (Política Agrícola Común); Embrapa (Brasil) y publicaciones oficiales de los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda.

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