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Dijo que esperará a que se pronuncien las Cortes

Entregó además otras razones adicionales como los tiempos que no dan

Valledupar, 17 de junio de 2025.- El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció que, por el momento, no se iniciará el proceso de organización de la Consulta Popular convocada por el Gobierno del presidente, Gustavo Petro mediante el Decreto emitido en días pasados por encima de lo que el Congreso ya había definido.

Penagos afirma que se abstiene teniendo en cuenta que existe una controversia jurídica. En este sentido el Registrador Nacional decidió solicitar un concepto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado.

Igualmente, señaló existen tanto en la Corte Constitucional como en el Consejo de Estado demandas contra el Decreto expedido por el presidente Gustavo Petro con la firma de los 19 miembros de su gabinete ministerial, que deben ser resueltos previamente a la organización de la votación prevista para el próximo 7 de agosto.

Recordemos que respecto de las firmas de los ministros están siendo investigados disciplinariamente luego de denuncias interpuestas ante la Procuraduría, Al igual que penalmente deberán responder por prevaricato.

Penagos reconoció que el país tiene «problema jurídico», pues los conceptos entre Gobierno y el Congreso son contrarios, en relación con el rechazo a la propuesta de consulta popular el pasado 14 de mayo, cuando se hundió por 49 votos en contra y 47 a favor.

Señaló que ante esta situación es necesario que por lo que tanto estas dos altas cortes deben responder esas demandas antes de iniciarse el proceso de organización de las votaciones.
«La Registraduría no puede aceptar el concepto de una de las partes y dejar al lado el de la otra», enfatizó.

“Estamos ante un conflicto jurídico de talla mayor, una discusión de dos poderes y la pregunta es si se cumplieron o no los requisitos que reza la Constitución”, afirmó el registrador.

E insistió: «Estamos ante una controversia jurídica que no tiene antecedente en la historia moderna de Colombia. Pero, de otro lado, estamos ante una dificultad material, porque organizar una consulta popular de la magnitud de la que aquí se convoca, exige una planeación muy juiciosa, que debe adelantarse con todo rigor».

Recordó que la Sección Quinta del Consejo de Estado debe definir uno de los procesos jurídicos que se presentaron sobre este asunto, ya que ese alto tribunal ha recibido alrededor de diez acciones de nulidad contra el decreto que convoca la consulta y 97 tutelas.
Por su parte, la Corte Constitucional estudia 11 demandas de inconstitucionalidad, que se suman a los derechos de petición y conceptos que han llegado a la Registraduría.