
Valledupar, 28 de abril de 2026.- A estas alturas del proceso electoral, cuando la democracia debería fortalecerse a través del debate de ideas, las propuestas y el contacto directo con la ciudadanía, lo que se respira en muchos territorios es tensión, incertidumbre y, peor aún, intolerancia. En Sincelejo, lamentablemente, esa tensión ha cruzado una línea peligrosa: la del vandalismo político como herramienta de intimidación.
Desde la coordinación departamental del movimiento Defensores de la Patria se ha denunciado la destrucción sistemática de vallas publicitarias ubicadas en distintos puntos de la ciudad. No se trata de hechos aislados ni de simples actos de gamberrismo; por el contrario, todo apunta a una acción reiterada que busca silenciar una propuesta política que, guste o no, tiene derecho legítimo a participar en igualdad de condiciones dentro del escenario democrático.
La pregunta es inevitable: ¿a quién le incomoda tanto una campaña como para recurrir a estos métodos? Porque cuando se destruye propaganda política, no solo se afecta a un movimiento específico, se hiere directamente el principio fundamental de la democracia: la libre competencia de ideas.
El contexto nacional tampoco ayuda a calmar los ánimos. El país viene atravesando una preocupante escalada de violencia en varias regiones, especialmente en el sur, donde los ataques terroristas han puesto en jaque la seguridad y han generado un clima de miedo generalizado. A esto se suman denuncias de amenazas contra figuras políticas visibles, lo que configura un panorama donde hacer política se está convirtiendo, nuevamente, en una actividad de alto riesgo.
En medio de este escenario, resulta llamativo que algunos sectores parezcan moverse con total tranquilidad, sin mayores obstáculos, mientras otros enfrentan barreras, hostigamientos y ahora incluso actos de vandalismo directo contra sus campañas. Esa desigualdad en las condiciones no solo es cuestionable, sino profundamente preocupante. La democracia no puede ser selectiva ni tener candidatos de primera y de segunda categoría.

Volviendo a Sincelejo, hay un elemento que agrava aún más la situación: el origen de los recursos. A diferencia de campañas respaldadas por grandes capitales o estructuras económicas consolidadas, en el caso del movimiento afectado, las vallas destruidas fueron financiadas con el esfuerzo propio de sus integrantes. Es decir, detrás de cada estructura dañada no hay solo un mensaje político, hay sacrificio, trabajo y convicción ciudadana.
Destruir esas vallas no es simplemente arrancar una lona o tumbar un soporte metálico; es un golpe directo al esfuerzo colectivo de ciudadanos que creen en una causa y que, con recursos limitados, intentan hacerse visibles en medio de una competencia desigual. Es, en otras palabras, un acto de irrespeto profundo hacia la participación ciudadana.
Ahora bien, también es necesario elevar el nivel del análisis. No se puede caer en la tentación de responder intolerancia con más intolerancia. Si bien es válido cuestionar y criticar con firmeza a quienes hoy gobiernan o a sectores políticos adversos, es fundamental que el discurso no se desborde hacia la descalificación absoluta o la generalización sin sustento. La crítica debe ser fuerte, sí, pero también responsable.
Dicho esto, es innegable que muchos ciudadanos sienten frustración frente a la gestión actual del país. Hay percepciones de inseguridad, de desorden institucional y de pérdida de credibilidad que alimentan el descontento. Pero ese malestar no puede convertirse en justificación para prácticas antidemocráticas como el vandalismo político.
Si alguien cree que destruyendo vallas va a frenar una candidatura o apagar una idea, está profundamente equivocado. La historia ha demostrado que las ideas no se tumban con piedras ni con actos cobardes en la madrugada. Por el contrario, ese tipo de acciones suele generar el efecto inverso: visibilizar más aquello que se pretende ocultar.
Sincelejo merece un debate político de altura. Colombia lo necesita con urgencia. Lo que está en juego no es solo una elección más, es la credibilidad misma del sistema democrático.
La invitación es clara: que las diferencias se tramiten con argumentos, no con violencia; que la competencia sea en las urnas, no en las sombras; y que quienes hoy recurren al vandalismo entiendan que el miedo nunca será una estrategia legítima en democracia.
Porque si la política se convierte en un campo de intimidación, perdemos todos. Y ese es un lujo que Colombia ya no se puede dar.