

Afirmó el Ministerio Público que según el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, se ha evidenciado que a pesar de que el fallo se encuentra ejecutoriado desde el año 2001, a la fecha las problemáticas ambientales y sociales persisten, “exponiendo a una población vulnerable a una situación que, de haberse cumplido a cabalidad, actualmente debería estar superada”.
En este sentido, pidió a la alta corporación que decida dentro de la mayor brevedad la consulta que se surte y se devuelva el expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar, para posibilitar la instalación del Comité de Verificación y dar cumplimiento a una de las obligaciones impartidas en el fallo.
Esta petición fue hecha en respuesta a la solicitud elevada por la ciudadana Lucila Hoyos, quien en representación de la comunidad de San Francisco, denunció el incumplimiento de las órdenes impartidas para proteger el derecho colectivo a un ambiente sano de los habitantes del sector en la audiencia pública ciudadana presidida por el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, el pasado 27 de julio en La Heroica.
Blanco Zúñiga explicó que el 12 de junio de 2000, la Personería de Cartagena promovió esta acción popular y que fue fallada mediante sentencia de 19 de abril de 2001.