POLITICA

Barranquilla, 22 de mayo de 2019.- La plenaria de Senado aprobó el proyecto de acto legislativo que busca que todo delito sexual contra los niños, niñas y adolescente sea investigado únicamente por la justicia ordinaria, eliminando la libertad condicional y demás beneficios judiciales a los autores de ese execrable punible, independientemente que haya sido cometido en un conflicto armado.

Cabe resaltar que este proyecto de acto legislativo, que pasa en tercer debate a la Cámara, de un total de ocho, no afectará las negociaciones para la paz y será una hoja de ruta para futuros diálogos de paz.

El senador Santiago Valencia, ponente para segundo debate del Proyecto de Acto Legislativo aseguró: “Es un honor presentarle al país este proyecto de acto legislativo. No podemos permitir más impunidad para quienes abusan y esclavizan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Este Proyecto ha sido una bandera del presidente Iván Duque y era nuestro deber sacarlo adelante”. Agregó que el Proyecto de Acto Legislativo “busca llevar ante la justicia ordinaria a quienes cometan delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes, eliminar libertad condicional, redenciones y demás beneficios judiciales”.

Mientras que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, manifestó que “el Gobierno que presidió en el que se aprobó la ley de Justicia y Paz, los abusadores de menores tuvieron 8 años de cárcel, lo que no obstante reconoció que era muy poco, sin embargo en el Acuerdo con las Farc, y su Tribunal de la JEP, los abusadores tienen cero cárcel y premio de curul. Añadió que Si derechos de los niños de verdad son prevalentes, estos se pueden oponer a los Acuerdos con las Farc”, los cuales pasan por encima de los menores del país.

La iniciativa, cuyo autor es el Gobierno, agrega un parágrafo al artículo 44 de la Constitución Política.

Mientras que para el senador Roy Barreras, “Lo malo de este proyecto es que por una redacción mal hecha, puso en riesgo todo el régimen de juzgamiento de los adolescentes y personas con trastorno mental y además elimina sin ninguna consulta previa la jurisdicción indígena, ya que incluye a los inimputables”.