COLUMNISTAS

Colombia es un país donde la realidad suele superar cualquier ficción. Mientras cientos de soldados y policías han tenido que enfrentar durante décadas las dificultades de la guerra en las regiones más apartadas del territorio nacional, hoy somos testigos de una decisión que genera indignación y profundas preguntas sobre las prioridades del Gobierno Nacional.

Según informaciones conocidas recientemente, el Gobierno autorizó la contratación de helicópteros para transportar a integrantes de la llamada Coordinadora Bolivariana hacia una concentración en el departamento del Putumayo. Una operación logística que movilizaría a decenas de integrantes de estructuras armadas ilegales en medio del proceso de la denominada “Paz Total”.

La noticia por sí sola resulta polémica. Sin embargo, lo que realmente provoca rechazo entre miles de colombianos es el contraste entre el trato que reciben quienes han combatido durante años defendiendo la institucionalidad y el que hoy reciben quienes han empuñado las armas contra el Estado.

Durante décadas hemos visto denuncias de unidades militares aisladas esperando abastecimientos que tardan días o semanas en llegar. Hemos escuchado relatos de soldados heridos que no pudieron ser evacuados a tiempo por falta de aeronaves disponibles. Hemos conocido operaciones suspendidas porque no existían los recursos necesarios para garantizar la movilidad aérea de nuestras tropas.

En muchas ocasiones, familias enteras han llorado la muerte de soldados y policías que permanecieron abandonados en zonas de difícil acceso esperando un apoyo que nunca llegó. Hombres que vistieron el uniforme de la patria y que juraron defender a Colombia incluso con el sacrificio de sus propias vidas.

Para ellos siempre hubo restricciones presupuestales.

Para ellos siempre faltaron recursos.

Para ellos siempre existieron obstáculos administrativos.

Pero ahora, de un plumazo, aparecen helicópteros para trasladar a quienes durante años sembraron miedo, violencia y terror en distintas regiones del país.

Resulta inevitable preguntarse qué mensaje se está enviando a la sociedad colombiana.

¿Qué sienten hoy los militares retirados, veteranos y reservistas?

¿Qué sienten las viudas de policías asesinados?

¿Qué sienten las madres de soldados que jamás regresaron a casa?

Seguramente observan con impotencia cómo quienes atentaron contra la institucionalidad reciben beneficios, garantías y facilidades logísticas que muchas veces les fueron negadas a quienes defendieron la bandera nacional.

Todo esto ocurre, además, en un contexto político particularmente sensible. A pocos días de importantes jornadas electorales, el Gobierno acelera decisiones que fortalecen la narrativa de una supuesta paz negociada mientras amplios sectores del país perciben que los grupos armados ilegales continúan expandiendo su influencia territorial y fortaleciendo sus estructuras.

La llamada “Paz Total” prometía la reducción de la violencia, el debilitamiento de las organizaciones criminales y el fortalecimiento de la presencia estatal en los territorios. Sin embargo, para muchos colombianos la realidad parece contar una historia distinta.

Los secuestros continúan.

Las extorsiones persisten.

Los ataques contra la Fuerza Pública no han desaparecido.

Los cultivos ilícitos siguen siendo una fuente de financiación para las estructuras criminales.

Y mientras tanto, el Estado parece concentrar esfuerzos en brindar condiciones cada vez más favorables a quienes han estado al margen de la ley.

La paz es un objetivo noble y necesario. Ningún colombiano sensato puede oponerse a la búsqueda sincera de la reconciliación nacional. Pero una paz verdadera debe construirse sobre la justicia, la verdad y el respeto hacia las víctimas. No puede edificarse sobre la sensación de que los criminales reciben privilegios mientras los ciudadanos honestos y los miembros de la Fuerza Pública son relegados al olvido.

La historia juzgará estas decisiones. Y seguramente también juzgará el impacto político y social que generan en una nación que continúa profundamente dividida frente a la estrategia de seguridad del actual gobierno.

Muchos colombianos observan con preocupación cómo se normalizan hechos que hace apenas algunos años habrían generado un rechazo unánime. La pregunta que hoy surge en miles de hogares es simple pero contundente:

Si hubo recursos para transportar en helicópteros a integrantes de grupos armados ilegales, ¿por qué tantas veces no los hubo para rescatar, abastecer o proteger a nuestros soldados y policías?

Quizás esa sea una de las grandes contradicciones de este momento histórico.

Y mientras el país avanza hacia nuevas definiciones políticas, queda otra inquietud en el ambiente: si esto ocurre hoy, ¿qué más tendremos que ver los colombianos antes del próximo 7 de agosto?