La decisión pone en jaque una de las principales apuestas sociales del gobierno, pues la reforma tiene plazo hasta junio de 2026 para ser aprobada, pero ahora depende de una eventual reforma tributaria que no cuenta con ambiente político en el Congreso. Además, el calendario electoral del próximo año limitará aún más la actividad legislativa.
La proposición aprobada cita el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, que exige aval fiscal previo del Ministerio de Hacienda para toda iniciativa que implique gasto público. “Aprobar la reforma sin esa fuente de financiación definida constituiría una responsabilidad fiscal para el Congreso”, advierte el documento.
La respuesta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no se hizo esperar. “La Comisión Séptima del Senado es totalmente inoperante, lo único que hacen es obstaculizar. Nos piden plata, pero no la aprueban”, declaró tras conocer la decisión.
A su vez, la senadora Blel le replicó con dureza: “Es una falta de respeto hacia el Congreso. Más inoperante es este gobierno, que pretende sacar adelante una reforma sin aval fiscal”. Con este nuevo choque entre el Ejecutivo y el Legislativo, la reforma a la salud queda prácticamente archivada por tiempo indefinido.
