INFORME EDUCATIVO, REGIONALES

Valledupar, 20 de abril de 2036.- Lo que hoy ocurre en la Universidad de Sucre no es un hecho aislado ni un escándalo repentino. Es la consecuencia acumulada de años de inequidad salarial, burocracia enquistada y prácticas de politiquería que, poco a poco, fueron erosionando la credibilidad de una institución llamada a ser ejemplo de formación, ética y mérito.

La reciente publicación de la nómina docente (difundida ampliamente en redes sociales y referenciada por medios locales) actuó como detonante. Lo que durante años fue rumor o comentario de pasillo, hoy adquiere dimensión pública: cifras que generan indignación, comparaciones inevitables y, sobre todo, interrogantes que no han sido respondidos con la claridad que exige la ciudadanía.

Sin embargo, el debate no puede quedarse en la simple reacción frente a montos elevados. El problema de fondo es la inequidad. ¿Cómo se explica que dentro de una misma universidad existan diferencias salariales tan marcadas? ¿Bajo qué criterios se asignan esos ingresos? ¿Se está reconociendo el mérito académico o se han distorsionado los mecanismos para favorecer intereses particulares?

El sistema de puntos, concebido como una herramienta para valorar la producción académica, la experiencia y la formación, debería garantizar justicia interna. Pero cuando ese sistema pierde transparencia o se percibe como manipulable, deja de ser un instrumento técnico y se convierte en un foco de desconfianza. Y en una institución educativa, la desconfianza es corrosiva.

A esto se suma un factor aún más delicado: la burocracia y la politiquería que, según múltiples voces, han echado raíces en la estructura institucional durante años. No se trata de una acusación ligera, sino de una realidad que ha sido señalada de forma recurrente en distintos espacios. Redes de poder, favores cruzados y silencios convenientes terminan consolidando prácticas que poco tienen que ver con la academia y mucho con la lógica del reparto.

Hoy, las consecuencias son evidentes. A la fecha, los docentes de planta se encuentran en asamblea permanente, en medio de un ambiente de incertidumbre que paraliza parcialmente la actividad académica. Al mismo tiempo, se han presentado desmanes al interior del campus por parte de algunos estudiantes, reflejo de una tensión que ha escalado más allá del debate institucional. Cuando la inconformidad se traslada a las vías de hecho, el problema deja de ser únicamente administrativo y se convierte en una crisis de gobernabilidad.
Nada de esto debería ocurrir en un espacio destinado al pensamiento crítico y la construcción de conocimiento. La universidad no puede ser escenario de confrontación desbordada ni mucho menos de prácticas que pongan en duda su integridad.

Es importante, no obstante, actuar con responsabilidad. Se trata de una noticia en desarrollo, y como tal, exige prudencia en los juicios. Pero la prudencia no puede confundirse con silencio. Las directivas tienen la obligación de ofrecer explicaciones claras, documentadas y verificables. Los organismos de control deben actuar con independencia y rigor. Y la comunidad universitaria, incluidos los estudiantes, está llamada a canalizar sus inconformidades por vías que no destruyan aquello que buscan defender.

Este no es un problema menor ni pasajero. Si se confirma que existen distorsiones en el sistema, será necesario ir más allá de las sanciones individuales y revisar de fondo los mecanismos que permitieron que esto ocurriera. Porque la universidad pública no puede sostenerse sobre privilegios ni opacidad.

Hoy la Universidad de Sucre enfrenta una prueba crucial. Lo que está en juego no es solo una nómina, sino su legitimidad ante la sociedad. Y esa legitimidad, una vez perdida, no se recupera con discursos, sino con decisiones firmes, transparentes y coherentes.