COLUMNISTAS

El 3 de febrero de 2020, en un recodo de la laguna de Chisacá, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, presidió una reunión en la que firmó el “Pacto SumaPaz” (sic). Esa fue una reunión excluyente a la que no fue invitado el gobierno nacional, ni los representantes de los partidos colombianos, como si el páramo de Sumapaz fuera una finca de las Farc y del PCC.

Allí, López y sus invitados, una docena de personas, decidieron que cinco departamentos (Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima), debían cumplir un plan no discutido ni votado por nadie de cinco puntos, más o menos imprecisos: “agroalimentación sostenible”, “restauración ecológica”, “la bicicleta como un medio de transporte sostenible”, “servicios de infraestructura de conectividad”, y cosas así (1).

Todo el mundo sabe que la región de Sumapaz y sus municipios vecinos fueron, durante varias décadas, un territorio controlado por las Farc. Desde la época de Juan de la Cruz Varela, en los años 1950, hasta la de Henry Castellanos, alias “Romaña” y los frentes 52 y 53, en 2014, plantaban minas antipersonas, destruían la montaña y la flora, cazaban venados a su antojo. Eran los peores depredadores de esa región tan sensible del país, donde nacen siete ríos de los cuales depende en parte el suministro de agua para un tercio de los colombianos. Pero los verdes nunca abrieron la boca para denunciar esos crímenes.

La política del PCC hacia esa región siempre ha sido doble: peroran sobre la necesidad de preservarla pero bloquean toda iniciativa para proteger realmente el vasto ecosistema. La línea de los mamertos es mantener su control exclusivo, más o menos disfrazado ahora por lo del “acuerdo de paz”, y ponerle zancadilla a todo acto del Estado recuperador de soberanía en esa región.

La propaganda comunista dice que el turismo es “la muerte del páramo de Sumapaz”. Inventa horrores: que los visitantes capturan y matan animales, lavan sus carros en las lagunas, y pueden perder las piernas por las minas. En realidad, las caminatas para civiles son recientes y los jóvenes que suben al páramo respetan las instrucciones de los guías. Pero esa actividad incomoda al PCC. Este prefiere que nadie disfrute de esos paisajes. Si no es la de ellos, esa presencia es indeseable. Intrigan para que el Batallón de Alta Montaña no sea quien garantice la seguridad de ese territorio.

Quieren estar solos para poder actuar a sus anchas: construir habitaciones, escondrijos y depósitos, talar bosques, aplanar montañas y ensuciar las aguas.

En agosto de 2019, denuncié en un artículo cómo el PCC estaba causando estragos en ese páramo con el pretexto de aplicar los acuerdos de La Habana. “Están tumbando bosques, rompiendo montes, aplanando cerros, creando barriales, abriendo corrientes de aguas negras y cubriendo, con brutales planchas de cemento, los suelos desgarrados con maquinaria pesada”, escribí (2). Y para probarlo mostré un video donde aparece Jaime Caicedo, secretario general del PCC, quejándose amargamente de que el gobierno no ha querido, según él, avanzar rápidamente en la destrucción de la parte alta de la montaña de Icononzo donde Caicedo decidió montar una de las 23 “zonas veredales transitorias de normalización” de que habla el pacto Farc/Santos. En ese video se alcanza a ver una parte de la tala de árboles generada por ese proyecto (3).

Un mes más tarde, tres pseudo senadores de las Farc, Carlos Lozada, alias Catatumbo y alias Sergio Marín, le notificaron al gobierno de Iván Duque que buscan adquirir el dominio de la región de Sumapaz-Icononzo y Cruz Verde, es decir un territorio que incluye 25 municipios. La forma de hacer eso sería realizar una “delimitación participativa” de los parques ecológicos donde las Farc de Timochenko ya tienen una “zona de normalización” en virtud del pacto de La Habana. Lozada amenazó con un “desplazamiento forzado de muchas familias” de la región si Duque y el Congreso no hacen lo que él pide. También rechazó la legislación vigente sobre esos territorios (4).

¿Con tales antecedentes, puede alguien sorprenderse por la actitud de los senadores petristas el pasado 8 de abril cuando frustraron la aprobación de una reforma que busca darle protección constitucional a los páramos y al alto bosque andino colombiano?

Los senadores Alexander López, Roy Barreras, Armando Benedetti y Gustavo Petro mintieron, no entraron en el debate de ideas y rechazaron la iniciativa por venir de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Le sirvieron así la sopa a las Farc y a su línea de dejar en un limbo jurídico el régimen de los páramos, donde ellos tienen obscuros intereses geopolíticos. Saben que una legislación clara y completa derrumbaría la situación de hecho que ellos han tejido durante décadas en las zonas de alta montaña.

No es cierto que todos los senadores quieren proteger el páramo, como algunos creen. El marxismo rechaza la auténtica ecología. Los petristas no hundieron esa reforma por ser “mezquinos”. Sus razones son políticas: están bajo la influencia de las Farc luego colaboran en la reapropiación de un espacio y hacen obstruccionismo para que el Estado no recupere su soberanía sobre esos territorios. Al hacer eso, Petro y su grupo mostraron que son regresivos, hostiles al bien común y al crecimiento económico y, peor, que dependen de las Farc y siguen teniendo una actitud antinacional y, en el fondo, guerrerista.

El CD debería insistir en elevar a norma constitucional la protección de los páramos y el bosque andino colombiano. No abandonemos esos territorios a los depredadores históricos, ni a los que podrían venir más tarde con miríficas promesas.