POLITICA

En un contundente pronunciamiento, la senadora rechazó lo que considera una «legalización de la barbarie», denunciando que se rinda homenaje a los responsables de actos violentos perpetrados por la Primera Línea, muchos de ellos relacionados con grupos terroristas y el narcotráfico.

Barranquilla, 23 de octubre de 2024.- La discusión en torno al monumento a la Resistencia, ubicado en Cali y construido durante la toma guerrillera (mal llamado por la izquierda “estallido social”) de 2021, ha desatado una nueva ola de controversias.

El pasado 26 de abril de 2024, el ministro de Cultura, Juan David Correa, anunció que avanzan las gestiones para declarar la obra como patrimonio cultural nacional. Esta noticia ha generado reacciones mixtas: mientras que algunos sectores del país celebran la propuesta como un reconocimiento a las luchas populares, otros, encabezados por la senadora María Fernanda Cabal, la ven como una “legalización de la barbarie”.

La líder opositora expresó su rechazo a través de su cuenta en X, señalando que este monumento no debe ser reconocido como un símbolo cultural, sino como un recordatorio del dolor y la violencia que sacudió al país.

“No aceptamos, bajo ningún punto de vista, que el Ministerio de Cultura legalice la barbarie, llamando ‘monumento’ y dándole connotación cultural al bodrio de la Primera Línea que solo trae recuerdos de violencia y dolor en Cali”, escribió la senadora en un mensaje que rápidamente resonó en redes sociales.

Un símbolo en el centro de la controversia

El monumento a la Resistencia fue construido en 2021 en el sector de Puerto Rellena —ahora conocido como Puerto Resistencia—, y representa la mano de Kay Kimi Krachi, un dios maya de la batalla. La estructura de 9.50 metros simboliza, según sus defensores, la lucha popular contra un gobierno que no contaba con el respaldo de una parte importante de la población. El gobierno de Gustavo Petro ha respaldado en varias ocasiones la importancia del monumento.

Sin embargo, desde su creación, la obra ha sido objeto de fuertes críticas por parte de diversos sectores de la opinión pública. Estos grupos han exigido la demolición del monumento, argumentando que su construcción fue ilegal al no contar con los permisos necesarios. A pesar de las solicitudes formales, la estructura ha permanecido en pie, consolidándose como un punto de referencia en el debate político y social del país.

El dolor de las víctimas: una memoria que no se puede borrar

Para la senadora Cabal y sus seguidores, el reconocimiento del monumento es un insulto a las víctimas de la violencia generada durante esa toma violenta, en particular a los miembros de la Fuerza Pública, comerciantes y civiles que sufrieron directamente las consecuencias del caos.

La congresista recordó en su declaración a policías y militares como Carlos Andrés Rincón, quien fue secuestrado, torturado y asesinado durante los actos delincuenciales en Cali. «Esto fue lo que pasó. ¿Celebraba la Primera Línea que lo había asesinado?”, cuestionó.

A esto se suma el asesinato del patrullero Juan Sebastián Bríñez, quien murió tras recibir un disparo de fusil durante las manifestaciones. Cabal también recordó a José Luis Rodríguez, un ciudadano que quedó ciego en Siloé tras un ataque perpetrado por manifestantes de la Primera Línea.

Entre las víctimas de la violencia también se encuentran miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de otros cuerpos de seguridad. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al menos 80 personas fueron víctimas de violencia homicida en el marco de las manifestaciones violentas de 2021.

Cabal no solo condena los actos terroristas contra la Fuerza Pública, sino también la destrucción y saqueo de negocios que dejó a miles de personas en la ruina. «Vamos a abrir ya mismo un portal para que todas las víctimas, los que perdieron su negocio, los que quedaron arruinados, los que fueron atrapados en el caos de una guerra creada por los terroristas de la Primera Línea financiados por el narcotráfico, se inscriban aquí», anunció la senadora, quien insiste en que el gobierno no debe glorificar un movimiento que, en su opinión, estuvo marcado por la criminalidad.

La sombra de los grupos armados y el narcotráfico

Uno de los puntos más sensibles del debate en torno a la Primera Línea es la relación de algunos de sus integrantes con grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN y organizaciones del narcotráfico. Tratos que han sido revelados por la justicia y en donde hay condenados por esos hechos.

El de Camila Botero Cardozo, integrante del ELN que confesó que gestionó la financiación de esa guerrilla a grupos de la Primera Línea en Cali, Medellín y Pereira es uno de los casos más sonados. Otro es el de David Estiven Fernández Soler, que después de participar en los desmanes de 2021 terminó en las filas de las disidencias de las FARC. Al parecer fue asesinado por esa guerrilla.

Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá encontró que cuatro integrantes de la Primera Línea trabajaron con las disidencias de las extintas FARC para “generar caos, destrucción y pánico colectivo” durante el mal llamado paro nacional de 2019. La condena más dura ha sido para Sergio Pastor, alias 19, quien fue sentenciado a 14 años y 7 meses de prisión por los delitos de tortura y concierto para delinquir.

Estos hechos y condenas que pululan en el país le dan la razón a María Fernanda Cabal quien ha señalado en repetidas ocasiones que estos grupos utilizaron las protestas como una excusa para promover el caos y financiar actos violentos. A su juicio, esta infiltración criminal deslegitima cualquier intento de presentar a la Primera Línea como un movimiento puramente social.

Según informes de seguridad, los bloqueos y ataques a la infraestructura pública durante el paro fueron utilizados por organizaciones criminales para ampliar su control territorial y financiar sus actividades ilícitas.

Un futuro incierto

El debate sobre el destino del monumento a la Resistencia sigue abierto y polariza a la sociedad colombiana. Mientras algunos sectores lo consideran un homenaje a la resistencia social, otros lo ven como una afrenta a las víctimas de la violencia y una glorificación de los delitos cometidos en medio del caos.

Para figuras como la senadora Cabal, esta decisión no solo ignora el dolor de las víctimas, sino que envía un mensaje equivocado sobre la legitimidad de la violencia en el marco de las protestas sociales. La discusión, que toca fibras sensibles de la memoria colectiva del país, parece lejos de resolverse, y cada nuevo paso hacia la oficialización del monumento aviva la controversia.