COLUMNISTAS, JUSTICIA

De acuerdo al diccionario las palabras bellaco (“que es malo moralmente y ruin; en especial, que comete delitos”) y canalla (“que es despreciable por su comportamiento vil”) describen lo peor de los comportamientos humanos. Para mí, los 5 miembros de la sala penal de la nada honorable Corte Suprema de Justicia, liderada por un magistrado con abierto sesgo político en favor de los peores criminales y con un odio visceral contra el expresidente Uribe, cometieron una bellaquería y una Canallada. Reflejan acciones de seres perversos, de bandidos; resulta grave que los ejecuten integrantes de la sala penal de la Corte, en un proceso donde se han violado todas las garantías procesales, el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico colombiano con tal de cobrar venganza política en contra el expresidente Uribe; para alcanzar su objetivo, nada les importó.

Son innumerables las irregularidades y actos ilegales cometidos por la Corte Suprema de Justicia. Empezando por el tristemente célebre magistrado Barceló, quién archivó la denuncia contra el senador que visita cárceles ofreciendo todo tipo de beneficios a quienes rindan testimonio en contra de Álvaro Uribe y lo abrió en contra del denunciante, por manipulación de testigos. Pero no fue lo único irregular del proceso, ordenaron chuzadas ilegales al celular del expresidente Uribe incluyendo su número en una orden de investigación a otro congresista, tema que fue alertado por el investigador a sus superiores de la Corte Suprema quienes, violando la ley, mantuvieron las escuchas ilegales, las incluyeron en el proceso. Ese solo hecho ilegal debió permitir desechar esas pruebas, aquí las avalaron y nada pasó. El testimonio del bandido Monsalve fue catalogado como una de las principales piezas del proceso, pese a sus antecedentes criminales, sus mentiras y que no tenía para la fecha de los hechos la edad para testificar sobre lo que supuestamente sucedía. Peor aún, violando la ley otra vez, la Corte Suprema de Justicia, le dio funciones de policía judicial al entregarle un artefacto para realizar una grabación ilegal a uno de los abogados del presidente Uribe, avalando su incorporación al proceso en otra clarísima violación del ordenamiento jurídico que determina que los únicos competentes para este tipo de acciones son los miembros del CTI o la SIJIN. Y no se inmutaron.

Más grave aún. El magistrado Reyes, ponente de la medida de aseguramiento, es el mismo que en uno de los actos más absurdos, que denotan el sesgo político y los intereses mezquinos para defender a criminales, dejó en libertad al narcoterrorista alias Jesús Santrich. Pese a los antecedentes del sindicado y a la solicitud de extradición, consideró que ponerlo en libertad no representaba riesgo; con ello facilitó la fuga del criminal quien hoy se encuentra protegido por el régimen de maduro en Venezuela. Reyes también es muy cercano a la esposa del senador que visita cárceles ofreciendo beneficios de toda índole a quienes testifiquen contra Uribe. Para rematar tiene a cargo y engavetada la denuncia presentada hace casi dos años en contra del señor de la bolsa, después de que se conoció el video donde su amigo Montes lo filmó recibiendo una gruesa suma de dinero en efectivo que jamás pudo justificar y cuya mentira para tratar de demostrar el origen fue inmediatamente desmentida por quién él argumentaba le había entregado ese dinero. Si el magistrado Reyes tuviera un ápice de vergüenza se habría declarado impedido, como carece de ello continuó con el proceso, poco le importa el respeto por la ley, demuestra el tipo de ser que es. Para justificar su decisión sacó un auto de más de 1.500 páginas, algo totalmente desproporcionado, necesita enredar a la gente.

Una corte que actúa con sesgo político, violando la ley que juró defender, no puede pedir a los colombianos respeto por sus decisiones; este se gana, no se exige, mucho menos cuando tienen a su haber casos como el del cartel de la toga que dejan claro que es una corte inmoral y desprestigiada; no solo por quienes violan la ley, también por aquellos que con su silencio lo permiten. Para mí, la actuación de la Corte Suprema de Justicia, es una bellaquería y una canallada; están lejos de ser el órgano imparcial, lleno de juristas ecuánimes, que actúan con apego irrestricto a la ley y al Estado de Derecho, que deben ser y se convirtieron en una camorra de politiqueros que actúa motivado por los más oscuros intereses, más que merecido el calificativo del Cartel de la Toga.