Hasta ahora son decepcionantes los resultados de la reforma agraria y amenazan con convertir estas promesas en meras ilusiones del gobierno de Gustavo Petro.
Barranquilla, 19 de octubre de 2024.- El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra manifestó su preocupación por el grave incumplimiento de las estrategias y metas establecidas para la Reforma Rural Integral en Colombia. En un contexto en el que millones de colombianos esperan acceder a la tierra y a un desarrollo rural significativo, los resultados hasta ahora son decepcionantes y amenazan con convertir estas promesas en meras ilusiones del gobierno de Gustavo Petro.
Rodríguez Becerra instó al gobierno nacional a actuar de manera inmediata y efectiva para abordar los múltiples conflictos agrarios que afectan al país. Destacó la alarmante situación relacionada con el punto 1.1.1 del Acuerdo Final de Paz firmado con las FARC en 2016, que se refiere a la adquisición de predios rurales. Según sus datos, a enero de 2024, menos del 1 % de las hectáreas comprometidas han sido efectivamente adjudicadas a la población campesina.
Hasta esa fecha, se habían ingresado al Fondo de Tierras 252.113,2 hectáreas, un pírrico 8,4 % de la meta pactada de 3 millones de hectáreas. De ese total, solo 5.260,8 hectáreas (0,175 %) han sido realmente entregadas a campesinos, un avance que resulta inaceptable.
No hay formalización
La situación se complica aún más en el ámbito de la formalización de tierras. De los 7 millones de hectáreas que se pretendían formalizar, solo se han logrado 123.319,07 hectáreas, lo que equivale a un 1.7 % de la meta. Si este ritmo continúa, según el contralor, se necesitarían casi 389 años para formalizar las 6.876.680 hectáreas restantes.
Le quedó grande a la ANT
Rodríguez Becerra también planteó inquietudes sobre la capacidad de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para manejar problemas complejos como la tenencia de la tierra y la falta de presupuesto adecuado. La falta de coordinación entre la ANT y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha empeorado la situación, dificultando el uso eficiente de los recursos asignados. Los trámites engorrosos han retrasado significativamente los procesos de entrega de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que más lo necesitan.
Una auditoría reciente a la ANT reveló que 17 predios adquiridos en 2023 no fueron ingresados al Fondo de Tierras, a pesar de contar con registros de compra. Esto genera serias dudas sobre la consistencia de la información sobre los activos de este Fondo y señala una subestimación material de 12.930 millones, afectando la confiabilidad de sus estados financieros.