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Febrero 21 de 2017.- Con respecto a los escándalos de corrupción que se han presentado en los últimos días referentes a la financiación de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, con dineros presuntamente provenientes de sobornos de la empresa Odebrecht; las irregularidades en la concesión de la vía Gamarra- Ocaña a la misma empresa y donde la Exministra de Transporte, Cecilia Álvarez ha debido declararse impedida, y el presunto pago adicional que dice haber recibido el señor Duda Mendoca de la firma Odebrecht, supuestamente para asesorar la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga;  la esperanza de que las denuncias no queden en el aire y se actúe conforme a la ley recaen sobre la Fiscalía y la Procuraduría.

 No pueden desfallecer ni cerrar, sin profundizar en las investigaciones, la ‘caja de Pandora’ necesaria que abrió la Fiscalía y que ha logrado unir a los colombianos de bien para rechazar y sancionar a los que resulten implicados en tan reprochables y malolientes hechos.

Juan Manuel Santos lleva seis años como presidente y durante este tiempo han emergido muchos casos sonados de presunta corrupción: Saludcoop, Caprecom, Reficar, contratos de funcionarios y amigos del Presidente con el gobierno, DIAN, PAE, entre otros, sumado a dádivas de contratos y puestos a algunos congresistas para votar la reelección presidencial en 2014 (‘mermelada’), y amenazas a gobernadores y alcaldes si no votaban SI en el plebiscito.

No es de extrañar entonces que en estos años de gobierno Santos el país pasó del puesto 78 al puesto 90 en el Índice Internacional de Transparencia, y que cerca del 85% de los colombianos perciba que la corrupción está empeorando, y sea uno de los tres temas que más le preocupa.

Lo anterior deja al descubierto la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones públicas y de llevar a cabo un fortalecimiento efectivo de los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de gestión pública. Tristemente a la fecha han sido prácticamente nulos los resultados de los órganos de control en materia sancionatoria a las denuncias de corrupción.

De otro lado, la literatura económica ha documentado como la confianza en las instituciones y el compromiso de reducción de la corrupción mejoran la estabilidad económica e incentivan la inversión. Hoy necesarias para que repunte el pobre crecimiento económico.

En febrero de 2016 le propuse a la Plenaria de Senado un Pacto político contra la Corrupción, que incluye cuatro mecanismos útiles para la lucha contra este cáncer moral: la rendición de cuentas sobre gestión de congresistas ante entidades públicas, mayor transparencia en la contratación pública y cero injerencia política, mecanismos de delación en la denuncia de la corrupción y la sanción social contra los corruptos.

Como dice el Papa Francisco: “el pecado se perdona pero la corrupción no puede ser perdonada”.