COLUMNISTAS, EN CAMPAÑA

Valledupar, 2 de mayo de 2026.-  Hablar de energía en la región Caribe ya no es un debate técnico: es una herida abierta. Las tarifas eléctricas se han convertido en una carga insoportable para hogares, comerciantes y pequeños empresarios que, mes a mes, sienten que trabajar es apenas sobrevivir. En medio de ese panorama, surge la propuesta de Abelardo De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, quien plantea una transformación de fondo para abaratar el servicio y devolverle equilibrio a un sistema que lleva años descompuesto.

El diagnóstico no sorprende, pero sí incomoda: lo que hoy paga el Caribe no es producto de la casualidad, sino de una cadena de errores acumulados. Modelos fallidos, operadores cuestionados y decisiones políticas improvisadas han terminado por construir un sistema frágil y costoso. Los casos de empresas intervenidas, promesas incumplidas y soluciones a medias han dejado claro que los pañitos de agua tibia no funcionan.

La propuesta del candidato apunta, al menos en el papel, pero con buena intención, a lo estructural. No se queda en subsidios coyunturales ni en discursos de ocasión. Habla de inversión fuerte en redes eléctricas, de modernización tecnológica y de atacar un problema que pocos quieren tocar de frente: las pérdidas, tanto técnicas como ilegales, que terminan inflando la factura de quienes sí pagan. En ese punto, el enfoque resulta acertado; sin corregir esas fugas, cualquier alivio será temporal.

Otro eje relevante es la incorporación de tecnologías inteligentes de medición, una herramienta que podría mejorar la eficiencia del sistema y reducir distorsiones en el cobro. A esto se suma una apuesta por la generación distribuida, especialmente con energía solar, que permitiría a muchos usuarios depender menos de un sistema central ineficiente. La idea de convertir al Caribe en una región que produzca parte de su propia energía no es descabellada; de hecho, es coherente con su potencial natural. Sin embargo, entre la propuesta y la realidad hay un trecho amplio. La clave está en la ejecución. Invertir en infraestructura requiere recursos gigantescos, voluntad política sostenida y, sobre todo, transparencia. La historia reciente del sector eléctrico en la región no invita al optimismo: demasiados intereses cruzados, demasiados errores repetidos.

También es cierto que el candidato plantea una relación distinta entre el Estado y el sector energético: menos improvisación y más reglas claras. Un acuerdo donde las empresas inviertan y, a cambio, exista estabilidad jurídica podría ser una salida viable, siempre que no termine trasladando nuevamente los riesgos al usuario. Ese equilibrio será determinante.

Hay un elemento adicional que no debe pasar desapercibido: la propuesta incluye mecanismos como el prepago voluntario para sectores vulnerables. Bien implementado, podría ser una herramienta útil de control del gasto; mal diseñado, corre el riesgo de profundizar la desigualdad.

En esencia, la iniciativa de De La Espriella toca fibras sensibles y propone soluciones que, en teoría, van en la dirección correcta. Pero el país ya ha escuchado planes ambiciosos antes. El verdadero reto no es formular diagnósticos certeros (eso ya se ha hecho durante años) sino romper el ciclo de promesas que nunca se concretan.

El Caribe no necesita más discursos encendidos ni soluciones improvisadas. Necesita resultados. Energía asequible, servicio confiable y un sistema que deje de castigar al ciudadano cumplido. La pregunta, entonces, no es si la propuesta suena bien, sino si existe la capacidad real de convertirla en hechos. Porque al final, la dignidad no debería depender del costo de encender un bombillo