COLUMNISTAS

*Senador de la República

La política pública para el sector eléctrico colombiano se ha basado más en el intervencionismo estatal, el clientelismo, la repartición de contratos y la privatización per sé, que en la consolidación de autoridades e instrumentos que le garanticen a la Nación y sus Regiones un servicio público que es vital para el desarrollo económico y social.

Durante décadas prevaleció el manejo público de los planes de expansión eléctrica con proyectos que favorecían a regiones como el Valle del Cauca, el Centro y Antioquia, que concentraban y aún lo hacen la generación hidráulica. Luego se hicieron a la administración del sistema de interconexión nacional y más adelante cerraron con jugada maestra dominando la infraestructura de transmisión.

Ministros de estas zonas del interior les cerraron el paso a iniciativas como el proyecto hidroeléctrico de Urrá I y Urrá II y al fortalecimiento de una entidad como Corelca, que en medio de la privatización del sector sucumbió y dejó a la Costa Caribe a la deriva, con el consentimiento de buena parte de su clase política y dirigencia privada.

Las electrificadoras departamentales fueron arrasadas por el terremoto neoliberal, para crear un empresa regional que luego de varios tropiezos llegó a manos del grupo español Gas Natural Fenosa, que en más de veinte años fue incapaz de ejecutar las inversiones requeridas para darle a nuestro sistema en la Costa la jerarquía y solidez que demanda.

A comienzos de la segunda década del Siglo XXI empezamos a evidenciar problemas y en el año 2013 se dio inicio a una serie de problemas en cadena que a marzo de 2017 tienen a la Costa Caribe al borde del colapso. Y con el orden público alterado en todos los departamentos.
El gobierno nacional apaciguó los ánimos y puso en marcha el denominado Plan5Caribe que no se ha podido cumplir a cabalidad, al tiempo que se desvela que Electricaribe en los últimos diez años no hizo nada por la inversión, lo cual nos lleva a tener una infraestructura en pésimo estado.

Frente a la crisis de Electricaribe, la Región pidió la intervención y este proceso se dio en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos. Cuatro meses más tarde, la nueva decisión política se da en torno de la liquidación de la empresa porque no está condiciones de garantizar un adecuado suministro de energía eléctrica al Caribe. Los dueños españoles dicen que esta semana ponen en marcha una demanda contra Colombia por mil millones de euros y parte de sus argumentos se apoyan en una supuesta cultura del fraude y del impago que al prevalecer en la Región, no los dejaba maniobrar con el flujo financiero requerido.

En ese aspecto hay algo de razón, pero no por ello debemos desconocer que el modelo empresarial Electricaribe fracasó porque no tuvo cultura de servicio al cliente, ni cultura inversionista respecto de las redes, los transformadores, las subestaciones y demás elementos de la infraestructura de distribución. La fácil era esperar los subsidios del Estado y dejar que el servicio se apagara como en efecto ha venido ocurriendo en los últimos tres años.

Los tres últimos gobiernos dejaron que la situación llegara hasta donde ha llegado. Los españoles están en su derecho de pretender indemnizaciones y de sacarle plata a su fracaso en Colombia. Nuestro gobierno está en la obligación de defender los intereses de la Nación y para ello hay toda una batería de argumentos lista. Las relaciones comerciales entre los dos países, que son importantes, no tienen por qué venirse a pique. Es más lo que se puede desarrollar que lo que está por perder.

Convencidos de que la época de colonización española finiquitó hace más de 200 años, solo nos queda poner en relieve lo urgente que resulta una inversión por parte del Estado colombiano del orden de 1,5 billones de pesos para rescatar la confiabilidad del servicio eléctrico en la Costa Caribe. Esa es una acción que no da espera y que debe machacarse en la cumbre que se realizará el próximo 3 de abril en Barranquilla convocada por gobernadores y alcaldes de la Región.

Lo primero es comenzar la inversión y en segundo plano está la escogencia del nuevo operador para el grupo de los siete departamentos o bajo la subregionalización para darle mejor manejo a la administración del sistema.
El gobierno nacional no puede soslayar su responsabilidad ni disfrazar el compromiso que le compete anunciando que por vía tarifas es que se obtendrán los recursos para financiar las inversiones requeridas. Ese es un hueso duro de roer para la Costa Caribe, que bastante sacrificios ha hecho en los últimos 50 años para que ahora le salgan con la tesis de que debe poner más plata del bolsillo de los usuarios. Que se olvide de ese argumento el señor Ministro de Minas y Energía.