COLUMNISTAS

La reciente captura y posterior liberación de Jesús María Restrepo Borja, alias “Darlinson”, en el departamento del Chocó, ha generado una ola de críticas hacia la política de “Paz Total” del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este incidente pone en evidencia las contradicciones y desafíos de una estrategia que, aunque busca la reconciliación nacional, parece estar debilitando la confianza en las instituciones y en la efectividad de la justicia.

El 22 de marzo, en una operación militar en la zona rural de El Carmen de Atrato, Chocó, las fuerzas armadas lograron la aprehensión de alias “Darlinson”, señalado como responsable de la expansión de las disidencias de las FARC en el suroccidente antioqueño y en el Chocó. Sin embargo, al presentarlo ante un juez de control de garantías para su judicialización, se ordenó su liberación inmediata al constatarse que había sido designado como “gestor de paz” por el gobierno. Este hecho no solo desmoraliza a las fuerzas militares, sino que también envía un mensaje confuso a la ciudadanía sobre el compromiso del Estado en la lucha contra el crimen organizado.

La designación de gestores de paz ha sido una herramienta utilizada por el gobierno para facilitar diálogos y negociaciones con actores armados. No obstante, la inclusión de individuos con antecedentes criminales graves en estas listas ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. Por ejemplo, en noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, criticó la designación de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz, argumentando que no pueden ser vistos como ejemplos para la construcción de paz en Colombia.

Además, en enero de 2025, se reveló que el gobierno había nombrado a 75 gestores de paz, cuyas condenas acumuladas sumaban más de 1.246 años por delitos como homicidio, terrorismo y secuestro. Estas decisiones han generado preocupación sobre la posible impunidad y revictimización de quienes han sufrido a manos de estos individuos.

La política de “Paz Total” también ha sido señalada por su aparente incapacidad para reducir la violencia en el país. Regiones como el Catatumbo han experimentado un recrudecimiento de enfrentamientos entre grupos armados, lo que ha desmantelado avances logrados con el acuerdo de paz de 2016 y ha generado desesperanza en las comunidades afectadas.

Es esencial que el gobierno reevalúe su estrategia de paz, asegurando que las designaciones de gestores de paz se realicen con criterios claros y transparentes, y que no socaven la confianza en las instituciones ni en el compromiso del Estado con la justicia. La paz no puede construirse sobre la base de decisiones que parecen favorecer a quienes han causado daño a la sociedad, en detrimento de las víctimas y del pueblo colombiano en general.